Asia Bibi fue condenada por un tribunal presionado y sin abogado

Un centro de estudios de influencia musulmana denuncia irregularidades en su proceso judicial

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KARACHI, viernes 16 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- Asia Bibi, la cristiana condenada a muerte en Pakistán por blasfemia que lleva más de un año en las cárceles de Sheikhupura, en Punjab, fue juzgada por un tribunal “bajo la evidente presión de los extremistas islámicos” y no tuvo abogado durante la investigación preliminar ni en los interrogatorios de la policía tras la denuncia.

El centro de estudios de influencia musulmana Jinnah Institute afirma, en una nota enviada a la agencia vaticana Fides, que el proceso podría ser invalidado a causa de estas irregularidades.

Según este think tank compuesto por intelectuales musulmanes y presidido por el parlamentario Rehman Sherry, el caso judicial de Asia Bibi se ha visto empañado por las irregularidades y manipulaciones desde el principio.

La Comisión Nacional sobre la Condición de la Mujer, se encontró, tras una reunión con Asia Bibi en la cárcel, con que “sólo ocho días después del incidente en el que Asia habría pronunciado frases blasfemas, Qari Muhammad Salim, un líder religioso musulmán local, usando tres mujeres en calidad de testigos, fue capaz de registrar un Primer Informe [queja formal] en base al cual Asia fue arrestada". Durante esos ocho días se orquestaron las denuncias contra Asia.

Estas circunstancias sospechosas se describen en el informe, escrito por Shabhaz Bhatti y Salman Taseer y entregado al presidente de Pakistán, Ali Zardari.

El informe destaca que "el juez la condenó por las presiones de los extremistas islámicos, haciendo caso omiso a los verdaderos hechos". Estas presiones son nocivas para el sistema, destaca el Jinnah Institute.

La entidad recuerda el destino del juez del Tribunal Superior de Lahore, Arif Iqbal Bhatti, asesinado en 1997 cuando emitió una sentencia absolutoria a dos niños cristianos, Salamat Masih y Rehmat, condenados a muerte por blasfemia en 1995 por un tribunal de primera instancia.

Además, durante la investigación y el interrogatorio antes del juicio, a Asia Bibi no se le concedió el derecho, consagrado en la Constitución, de asesoramiento jurídico: un asunto grave, suficiente para invalidar la sentencia, según el instituto.

El abogado que se ha hecho cargo ahora de su caso, ofrecido por la Fundación Masihi, está preparando la solicitud de recurso ante el Tribunal Superior, pero también existe la posibilidad de un indulto presidencial.

Incluso el Papa Benedicto XVI lanzó un llamamiento en noviembre de 2010 para evitar la muerte de esta madre de familia. Por defenderla, fueron asesinados el gobernador de Punjab Salman Taseer y el ministro federal para las minorías religiosas Shabhaz Bhatti.

El Jinnah Institute, con sede en Karachi, investiga en el campo del derecho, los derechos humanos y el Estado de derecho y promueve la Constitución de un Pakistán democrático y laico.
Profesor acusado

Por otra parte, un profesor sufrió las falsas acusaciones de blasfemia de un estudiante y algunos profesores musulmanes, por odio a los cristianos.

Obligado a abandonar su puesto de trabajo y a esconderse, apeló ante el tribunal, pero la lacónica sentencia del tribunal de primera instancia lo ha invitado a "abandonar el país".

Según informaron fuentes de la comunidad cristiana de Punjab a Fides, esta historia permite hacerse una idea de la violencia y la discriminación que sufren las minorías religiosas, y de cómo la llamada "ley de la blasfemia" se utiliza para atacar a los cristianos.
El profesor, perseguido por los extremistas, podría ser ejecutado en cualquier momento, por lo que se ve obligado a esconderse. A sus 40 años de edad,  casado y padre de tres hijos, está obligado a reconstruir su vida en otro lugar, quizás cambiando incluso de identidad, según las mismas fuentes.
 Daba clases en una escuela frecuentada por estudiantes en su mayoría musulmanes. Uno de ellos, al que el profesor regañaba a menudo por motivos de estudio, se dirigió a otros profesores musulmanes.

Juntos organizaron una liga de desprestigio y cacería hacia él, incluso quemando páginas del Corán, y acusándole de ello. A partir de entonces, se vio obligado a renunciar de su trabajo de profesor, pero además continuó recibiendo amenazas e insultos cada vez más apremiantes, incluso en su casa. Teniendo en cuenta los peligros, se trasladó con su familia a otro lugar.
Aun así, confiando en el sistema judicial de Pakistán, la víctima quiso presentar un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia para demostrar su inocencia.

La apelación tuvo un resultado negativo: no sólo el tribunal no lo ha resuelto, sino que no ha emitido ninguna orden para detener a los extremistas, y le ha recomendado salir del país.

“Viniendo de un órgano que se supone que representa la justicia en Pakistán, es paradójico. Es la prueba de la impotencia del sistema, incapaz de proteger los derechos de las minorías religiosas –denuncian las mismas fuentes-. Es la prueba de la subordinación de los tribunales a los grupos fundamentalistas islámicos. Es la prueba de la responsabilidad del Estado en la persecución de los cristianos inocentes, para quienes la justicia es sólo un espejismo".

SOS a la ONU

Ante esta situación, la Comisión "Justicia y Paz" de los obispos de Pakistán invitó a los observadores de la ONU sobre la tolerancia religiosa a visitar Pakistán para ver "el abuso y la violencia contra las minorías religiosas", y volvió a pedir al Gobierno de Pakistán la abolición de la llamada "ley sobre la blasfemia". 

Según esta Comisión, el curso pasado fue “negro” para las minorías, pero también hay una mayor atención de la comunidad internacional y de los medios de comunicación hacia estos temas.

“Esto nos da esperanza, pero también requiere un examen continuo de informes e investigación de casos, trabajo que la Comisión realiza constantemente y con el máximo escrúpulo", explicó a Fides el secretario ejecutivo de esa comisión de la conferencia episcopal de Pakistán, Peter Jacob.

Las minorías religiosas en Pakistán son víctimas de la intolerancia religiosa y la discriminación social. Sufren ataques a las iglesias e instituciones, hostil propaganda religiosa, que genera el odio, la violación flagrante de la libertad religiosa, conversiones forzadas, la expropiación forzosa de tierras y propiedades, según el reciente informe Human Rights Monitor 2011.

Respecto a la ley sobre la blasfemia, el documento cita al menos a cuarenta personas acusadas de blasfemia, incluyendo quince cristianos, diez musulmanes, siete hindúes y seis Ahmadi.

Entre 1986 (año en que la ley entró en vigor) y 2011, los acusados de blasfemia y asesinados en ejecuciones extrajudiciales han sido 37, entre ellos 18 cristianos y 16 musulmanes. En el mismo período fueron acusados por la blasfemia 1081: entre ellos 138 cristianos, 468 musulmanes, 454 ahmadíes, 21 hindúes.

El informe también dedica un apartado a los "delitos contra las mujeres", denunciando la falta de políticas para su promoción social. En particular, las mujeres pertenecientes a minorías religiosas se consideran "objetos" y son víctimas de asesinatos, violencia, violaciones, secuestros, conversiones forzadas y al matrimonio forzado: el informe describe con detalle por lo menos 15 casos.

Entre las recomendaciones, "Justicia y Paz" pide al Gobierno "cambios urgentes en las leyes y políticas públicas" para eliminar las leyes discriminatorias contra las minorías y así "garantizar los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y religiosos", que ofrezcan "un marco de pleno respeto de los derechos humanos fundamentales". Para ello tenemos que "abolir la ley sobre la blasfemia y compensar a las víctimas", señala.

Además, pide la creación de dos comités permanentes, uno para los Derechos Humanos y otro para las minorías religiosas, con los poderes de los tribunales y la tarea de vigilar la situación.

Con este fin, la Comisión también invita al observador especial de la ONU sobre la tolerancia religiosa a visitar Pakistán. Una nota trata el tema de "la modificación del sistema educativo en Pakistán", que afecta negativamente a la generación más joven.