Caritas Española defiende el derecho a la salud de las personas más vulnerables

Ante las nuevas medidas del gobierno

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MADRID, lunes 28 de mayo (ZENIT.org).- En su reunión ordinaria, celebrada el 18 de mayo, los miembros de la Comisión Permanente de Caritas Española  reflexionaron sobre el derecho a la salud y las consecuencias sobre el mismo del “Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, aprobado la víspera en el Congreso de los Diputados.

La Comisión se hizo eco de la honda preocupación suscitada en el seno de la Confederación Caritas por el impacto que va a tener, en las personas a las que dirige su actividad, la aplicación de esta reforma, sobre la que días atrás se manifestaba también Caritas Europa y otras organizaciones en la declaración “El acceso a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico”.

En respuesta a esta inquietud y ante la constatación de las situaciones de desprotección que ya están detectando muchas Caritas, la Comisión Permanente ha alertado del riesgo de que determinadas decisiones se puedan estar llevando a cabo sin evaluar previa y suficientemente el impacto de dichas medidas sobre el sistema de garantía de derechos en el que se sustenta nuestra sociedad, ni su repercusión en los ciudadanos más vulnerables, de los que el Estado también es garante.

La Comisión opina que la reforma supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios (modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentando la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes desempleados, personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular.

En ese sentido, ha indicado que la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy presente en la acción diaria de Caritas, que no puede ser sacrificado con el argumento de la eficiencia. Recuerdan, además, que el incremento de la irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hace que el colectivo de personas en esta situación crezca cada día.

Los miembros de la Comisión muestran también una especial preocupación ante la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia y mujeres en situación de trata con fines de explotación sexual en situación irregular, ya que su exclusión del sistema agrava y dificulta la prevención, detección, asistencia y protección de las víctimas, que, además no podrán aportar pruebas imprescindibles para que, en su caso, un tribunal pueda o no disponer una orden de alejamiento del agresor o una medida de protección a la víctima, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus familias.

El riesgo de precariedad aumenta, asimismo, tanto en los casos de las personas afectadas por una discapacidad con elevado deterioro de la autonomía, como en los enfermos crónicos o los que necesitan tratamiento oncológico, sobre todo porque se corre el riesgo de la aplicación de criterios dispares por parte de las comunidades autónomas, lo que propiciaría la desigualdad en función del lugar de residencia, especialmente en el caso de las personas que habitan en el medio rural.

En cuanto a la búsqueda de la sostenibilidad perseguida por la reforma, la Comisión opina que si se han constatado prácticas abusivas de los servicios sanitarios, será necesario atajarlas, pero sin negar el derecho a la salud a personas que conviven y construyen nuestra sociedad.

La Comisión ha alertado también de la repercusión que esta reforma puede tener en la estigmatización social de algunos colectivos, como es el caso de las personas migrantes, dado que son precisamente las personas migrantes quienes comprueban a diario el aumento de las dificultades a las que se enfrentan para desarrollar una vida en condiciones de dignidad.

En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida, integrada y diversa, estas medidas alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo comprobamos a diario en nuestros servicios de acogida y atención.

Los miembros de la Comisión han identificado, con seria inquietud, el inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura  distinta según el grupo de población al que se pertenezca. Y señalan que de manera no explícita se están sentando las bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Caritas ha manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la población.

La Comisión ha finalizado esta reflexión confederal recordando la Doctrina Social de la Iglesia, en la que de un modo claro y contundente se defiende la universalidad y la indivisibilidad de los derechos de las personas, también el derecho a la salud. Han recordado, en este sentido, el propio Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en el que se señala (nº 154): “Los derechos del hombre exigen ser tutelados no sólo singularmente, sino en su conjunto: una protección parcial de ellos equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. Estos derechos corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales —materiales y espirituales— de la persona: ‘Tales derechos se refieren a todas las fases de la vida y en cualquier contexto político, social, económico o cultural. Son un conjunto unitario, orientado decididamente a la promoción de cada uno de los aspectos del bien de la persona y de la sociedad... La promoción integral de todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno respeto por cada uno de los derechos’ (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1999, 3). Universalidad e indivisibilidad son las líneas distintivas de los derechos humanos: ‘Son dos principios guía que exigen siempre la necesidad de arraigar los derechos humanos en las diversas culturas, así como de profundizar en su dimensión jurídica con el fin de asegurar su pleno respeto’ (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, 2)”.