De la tolerancia a la acogida del Estado a la Iglesia

Propuesta del hombre del Papa para las relaciones con los Estados en México

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CIUDAD DE MÉXICO, 27 septiembre 2002 (ZENIT.org).- El Estado no debe pretender que la Iglesia esté a su servicio, pero está en su derecho de esperar su colaboración en todo aquello que favorece objetivamente el bien común, señaló el arzobispo Jean-Louis Tauran, secretario del Vaticano para las Relaciones con los Estados.



Al dictar la conferencia magistral «Las relaciones Estado- Iglesia en la sociedad moderna», el prelado francés recomendó este miércoles nunca pretender que las comunidades de creyentes sean las fuerzas de apoyo de un partido o de un programa político, porque eso sería una burda manipulación.

La intervención de monseñor Tauran tuvo lugar en el Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa, que se celebró en el auditorio de la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), en Ciudad Universitaria, donde recibió un reconocimiento por su participación y firmó el acta de la creación en México del Instituto de Libertad Religiosa.

El prelado ha visitado México con motivo de los diez años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.

¿De qué serviría una Iglesia que no dijera ni hiciera otra cosa que lo que todo mundo dice y hace? ¿qué Iglesia sería la que no hace más que reflejar el mundo y que, de hecho, estaría condenada a no ser más que su simple «duplicado»?, preguntó el hombre del Papa para las relaciones con los Estados

Citando el Concilio Vaticano II, recordó que «el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar». «En esto deben trabajar juntos poderes políticos y autoridades espirituales», añadió.

Acompañado por el nuncio apostólico, el arzobispo Giussepe Bertello, y por el cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México, monseñor Tauran afirmó que la vitalidad de una sociedad y la congruencia de la política requieren de un pueblo de hombres que creen, que aman y que esperan.

Sobre las relaciones Iglesia-Estado, explicó que un Estado tolerante debería, en su opinión, practicar lo que llamó una «neutralidad positiva», esto es: Reconocer todas las religiones y también sus manifestaciones externas, si no quebrantan el orden y la seguridad públicas; mantener buenas relaciones con los responsables religiosos que guían a sus fieles y les orientan moralmente; no inmiscuirse en sus cuestiones internas.

Asimismo, consideró que esta relación justificaría el subvencionar, si es necesario, actividades que tienen un carácter general y un interés público, aunque se ejerza en un cuadro confesional (escuelas, hospitales, etcétera).

Agregó que un Estado moderno y tolerante permanece ciertamente neutro, puesto que nunca se preguntará qué es una religión determinada, dado que por principio no profesa ni reconoce ninguna.

Pero no puede ignorar el hecho social de la religión y, si es democrático, debe asegurar prácticamente a cada uno, día a día, el libre ejercicio de la religión, esto es, poner a su disposición, si es preciso, los medios necesarios para el ejercicio de sus creencias religiosas.

«Este es el motivo por el que soy de la opinión de que el Estado más que "tolerante" debe mostrarse "acogedor" con todos los componentes culturales y espirituales que constituyen el tejido de la nación», subrayó.

Para monseñor Jean-Louis Tauran los principios que inspiran la filosofía de las relaciones Estado- Iglesia son: Una sana comprensión de la libertad religiosa que tenga sus raíces en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en las constituciones de los diversos estados, en los concordatos, en los textos más recientes de la jurisprudencia internacional que afirma: La libertad religiosa es un derecho fundamental de la persona humana, no es una concesión del Estado, surge de la naturaleza de la persona y el Estado la reconoce, la garantiza y la protege.

Esta libertad religiosa puede ser limitada únicamente, en sus manifestaciones externas, para mantener el orden público, la seguridad, la moral y la salud públicas; esta libertad religiosa no debe ser una fuente de discriminación para quien no cree, concluyó