Debate planetario sobre el matrimonio

Muchos países se “blindan” contra el “matrimonio homosexual”

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Por Rafael Navarro-Valls

MADRID, lunes 30 de mayo de 2011 (ZENIT.org).-Ofrecemos una nueva contribución en nuestra sección Observatorio Jurídico, sobre libertad, cuestiones relacionadas con los derechos humanos y su relación con la antropología y la fe cristianas, que dirige el español Rafael Navarro – Valls, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y secretario general de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.

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Las grandes contiendas jurídicas no son simplemente nacionales: son planetarias. Así ocurrió, por ejemplo, con los debates en torno a la codificación. Y así está ocurriendo ahora con la nota de heterosexualidad del matrimonio.

La tensión se percibe entre dos tendencias opuestas. La primera es lo que en términos de derecho internacional se llama “efecto dominó”. Es decir, la propensión expansiva de una institución jurídica, cuando es adoptada por un sistema político de cierta influencia sobre otros. La especial gravedad de que España aceptara – con fuertes oposiciones, todo hay que decirlo, por parte de los órganos jurídicos españoles de mayor relieve – el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, radicó en que produjo como reacción que algún país latinoamericano (por ejemplo Argentina, o, más limitadamente en el estado de Mexico D.F., que representa tan sólo el 8% de la población de la república de México) alteraran profundamente la estructura configurativa del matrimonio, aceptando el matrimonio entre homosexuales. En otros países (Chile, Ecuador, Perú etc) solamente se planteó a nivel político o jurídico, pero sin cambios apreciables en la configuración del matrimonio.

Junto a esta tendencia expansiva, la adopción por algunos sistemas jurídicos del matrimonio entre personas del mismo sexo, ha producido una reacción contraria. Lo que he llamado en alguna ocasión “efecto blindaje”, esto es, la defensa del matrimonio heterosexual a través de la constitucionalización de la nota de heterosexualidad. El último ejemplo en Europa de esta tendencia ha sido Hungría. Hace menos de un mes (25 de abril) se aprobó en el Parlamento húngaro por 262 votos contra 44 (bastante más de los dos tercios exigidos) una nueva Constitución, que elimina los últimos residuos comunistas de la antigua de 1990. En lo que respecta al matrimonio, expresamente se establece la protección de la “institución del matrimonio, considerado como la unión natural entre un hombre y una mujer y como fundamento de la familia”. Anteriormente, la Constitución polaca de 1997 (artículo 18) definió el matrimonio exclusivamente como “la unión entre un hombre y una mujer”. En fin, la constitución de Lituania (1992) establece que “el matrimonio debe ser efectuado con el consentimiento mutuo y libre del hombre y la mujer”, definiendo su Código civil el matrimonio como “ el acuerdo voluntario entre un hombre y una mujer".

¿Cuál de ambas tendencias progresa con mayor rapidez ? Contra lo que pudiera creerse, la realidad es que existe un equilibrio inestable modelado por reacciones y contra-reacciones que dibujan, en mi opinión, un panorama más cercano a la defensa del matrimonio heterosexual que al avance del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Prescindiendo de la algarabía mediática de uno u otro signo, conviene circunscribirnos a los hechos. Un rápido “tour d´horizon” probablemente avalará lo que digo. Volviendo a Europa, la verdad es que si Países Bajos (2001), Bélgica (2003), España (2004), Noruega (2009), Suecia (2009) y Portugal (2010) han regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo, la corriente mayoritaria se muestra concesora de diversos efectos a las uniones civiles de personas del mismo sexo, pero no demasiado receptiva a transformar esas uniones en verdaderos matrimonios. Ya hemos visto la tendencia de los países del Este de Europa a constitucionalizar la nota de heterosexualidad. En otros países europeos (Francia, Italia, Alemania etc), aunque el debate se plantea con mayor o menor intensidad, la posición de los órganos legislativos o jurisprudenciales mantiene una posición de equilibrio que no se inclina hacia la concesión “tout court” del estado matrimonial a las uniones civiles. Así, por ejemplo, en febrero de este mismo año, el Consejo Constitucional francés consideró que la prohibición del matrimonio homosexual, tal y como lo recoge el Código Civil, es conforme a la Constitución francesa.

Latinoamérica es un ámbito jurídico en el que las reacciones se producen con rapidez ante modelos distintos. Un ejemplo. Acabo de regresar de México, donde he debido viajar por cuestiones académicas a varios estados. El único de ellos en que se ha aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo es Ciudad de México. La reacción fue inmediata. Los estados de Jalisco, Morelos, Sonora, Tlaxcala y Guanajuato plantearon ante la Corte Suprema cuestión de inconstitucionalidad. Aunque esta declaró constitucionales los matrimonios aprobados en Ciudad de México (naturalmente sin imponerlos a los demás estados), inmediatamente el Congreso del estado de Baja California reformó el artículo 7 de la Constitución estatal, definiendo el matrimonio exclusivamente como “la unión entre un hombre y una mujer”. Esta tendencia a “blindar” las constituciones estatales está encontrando eco en algunos otros estados mexicanos, centroamericanos y sudamericanos.

En Estados Unidos, el matrimonio entre personas del mismo sexo es reconocido a nivel estatal por seis Estados: Massachusetts (2004), Connecticut (2008), Iowa, Vermont, New Hampshire y Distrito de Columbia (estos cuatro en 2009). Sin embargo, como reacción ante la tendencia expansiva, antes o después de esas fechas, más de 20 estados alteraron sus constituciones para definir el matrimonio como una unión entre hombre y mujer. Es decir, para blindarse frente a la tendencia expansiva.

Hace unos días, Obama ha cursado órdenes al Departamento de Justicia para que deje de apoyar ante los tribunales la ley federal aprobada en 1996 durante la Administración Clinton, en la que se define el matrimonio como la unión legal entre un hombre y una mujer. Esta “ley de defensa del matrimonio” (DOMA) , por la que ningún estado está obligado a reconocer como matrimonio una relación entre personas del mismo sexo reconocida como matrimonio en otro estado, se aprobó en su momento una amplia mayoría bipartidista en ambas cámaras del Congreso. La reacción ha sido inmediata. El presidente de la Cámara de Representantes anunció que iba a reunir a un grupo de asesoramiento legal formado por miembros de ambos partidos para defender la DOMA. “Es de lamentar –dijo– que la Administración Obama haya abierto esta cuestión tan polémica en un momento en que los americanos quieren que sus líderes se centren en el empleo y en los problemas económicos. La constitucionalidad de esta ley debe ser decidida por los tribunales, no por el presidente de modo unilateral, y esta decisión de la Cámara quiere garantizar que la cuestión se afrontará de modo conforme con la Constitución”.

El balance final es que de los 192 países reconocidos ante la ONU (más 10 de facto, no integrados oficialmente en dicha organización) solamente reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo un total de 10 países, más algunos estados aislados de México y Estados Unidos. Entre ellos, no se cuenta ningún país asiático y ninguno africano (salvo Sudáfrica), y solamente un latinoamericano, y parte de otro. Comparando la demografía de ese pequeño grupo de países con la de todo el planeta que rechaza el modelo de matrimonio entre personas del mismo sexo, la anomalía jurídica está todavía localizada. Desde luego es una localización con tendencia a la expansión, pero al parecer la mayoría de la corriente sanguínea del organismo jurídico tiende a defenderse, buscando otras fórmulas que equilibren la concesión de algunos efectos a las uniones entre personas del mismo sexo con el derecho de mantener en su real configuración las instituciones jurídicas, entre ellas el matrimonio como unión entre hombre y mujer.

Desde luego, la prevalencia del sentido común y jurídico en esta importante materia exige –en especial a los juristas – esa cualidad tan propia de los hombres dedicados a la defensa de la justicia que consiste en mantener la firmeza de una roca en las convicciones, moderándola con la flexibilidad de un junco en sus aplicaciones.