«Derecho a Elegir» denuncia la educación sexual sin contar con los padres

Nueva movilización contra el gobierno autonómico de Cataluña

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BARCELONA, martes, 18 diciembre 2007 (ZENIT.org).- La plataforma «Derecho a Elegir» de Cataluña, España, ha decidido movilizarse «ante el creciente intervencionismo» del gobierno autonómico, la Generalidad, en la educación, según informa a Zenit el coordinador de la citada plataforma Joan Garriga.

Este 18 de diciembre, «Derecho a Elegir» ha presentado un manifiesto denunciando «la masiva campaña sobre comportamientos sexuales y afectivos» que la Generalidad ha iniciado entre los menores de edad, «con el desconocimiento total de las familias».

Así mismo, más de novecientos padres y madres presentaron hoy un recurso de alzada al Consejo Ejecutivo de la Generalidad contra el desarrollo de los decretos de educación primaria y secundaria, «por falta de pluralismo».

La misma plataforma recogió hace tres años 42.553 firmas contra el decreto de matriculación que pretendía, entre otras cosas, otorgar competencias exclusivas a las oficinas municipales de matriculación para distribuir a los alumnos al margen de la voluntad de los padres.

El manifiesto con las firmas fue entregado a la entonces consejera de Educación, Marta Cid, y en el Parlamento de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «anuló esas atribuciones, porque ponían la planificación por encima de los derechos fundamentales de los padres y madres», explica Joan Garriga.

Garriga informó hoy que en los últimos meses se han multiplicado las quejas de las familias ante una masiva campaña de las consejerías de Educación y de Salud de la Generalidad de Cataluña, en las que se difunde de modo indiscriminado todo tipo de información sobre comportamientos sexuales a los menores de edad, al margen y con el desconocimiento total de los padres.

«Es más --denuncia--, recomiendan a los niños y niñas de diez años informarse en páginas web en las que se enseña la masturbación, el ‘petting', o actos sexuales homosexuales o entre lesbianas, por ejemplo, sin el consentimiento o la autorización de los padres».

Joan Garriga explica que en los folletos «A mí también me pasa», para los niños de primaria, y «Fes-te'l teu», para los de secundaria, que la Generalidad está distribuyendo en los centros escolares de primaria y secundaria desde esta semana, no hay ni una sola organización de padres en la relación de entidades que han elaborado los contenidos.

«Los padres desconocen que los colegios están entregando esta información a sus hijos menores. Estamos ante un caso de claro intervencionismo y abuso por parte de los poderes públicos en un campo educativo en el que es clave la participación de las familias», concluye Garriga.

La plataforma considera que este tipo de formación solamente es eficaz en coordinación con la familia, y que tal como se está haciendo ahora vulnera gravemente los derechos de los padres en la educación de sus hijos, protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos y fundamentales.

Por estos motivos, «Derecho a Elegir» ha presentado hoy su nuevo portal de internet (www.dretaescollir.org) y un manifiesto por el derecho a elegir, en el que piden un pacto social por la educación que, además de recoger la libertad de elección de centro escolar para garantizar la pluralidad de opciones, exija que se informe y se cuente con el consentimiento y la participación de los padres en todas las campañas de educación sexual y afectiva dirigidas a los menores de edad.

A partir de hoy, comienzan la recogida de firmas, y se proponen recoger más de veinte mil antes de finales de enero, para presentarlas al presidente de la Generalidad de Cataluña.

Además, y en otra acción simultánea, la plataforma «Derecho a Elegir» ha contribuido decisivamente a que mil quinientos padres y madres de Cataluña, que participaron en la campaña anterior, otorguen poderes notariales para pleitos en defensa de sus derechos para elegir el modelo de educación de sus hijos.

Novecientos veintiséis de ellos presentaron hoy ante el Gobierno de la Generalidad un recurso de alzada pidiendo la nulidad del desarrollo de los decretos de primaria y secundaria «porque imponen a las escuelas un modelo ideológico determinado, que no es plural y que no respeta sus derechos como principales educadores de sus hijos menores de edad.