Egipto: un gesto del gobierno hacia la minoría cristiana

El primer ministro anuncia una ley unificada sobre lugares de culto

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ROMA, lunes 16 de mayo de 2011 (ZENIT.org).- En Egipto, el último acto de violencia anticristiana, que se produjo el sábado 7 de mayo con un trágico balance de al menos 15 muertos y 200 heridos, han hecho sonar las alarmas en los ámbitos gubernamentales. Preocupado por la estabilidad del país, el primer ministro, Essam Sharaf, parece decidido a tomarse en serio la situación de la más numerosa minoría cristiana de todo Oriente Medio. De 6 a 10 millones de coptos, que constituyen el 10% de la población egipcia, se sienten ciudadanos de “segunda clase” en su propio país y se ven obligados a sufrir diversas formas de discriminación, de forma sutil o descarada.

Basta poco para encender la mecha. Así lo demuestra el ataque realizado la noche del sábado 14 al domingo 15 de mayo, por una multitud enfurecida armada con palos y botellas incendiarias, contra los participantes -la mayoría coptos- en la sentada organizada delante del edificio de la televisión del Estado, en el corazón de la ciudad del Cairo, para protestar contra la violencia sectaria. Según los datos difundidos por la cadena estatal y de los que se ha hecho eco la CNN (15 de mayo), el balance provisional es de al menos, dos muertos y más de 60 heridos. Lo que provocó el enfrentamiento parece ser una pelea que se fue de las manos, originada por la negativa por parte de los manifestantes de dejar pasar a un coche.

Como contó el periódico Al-Ahram (11 de mayo), el primer ministro Sharaf, que después del baño de sangre en el barrio del Cairo de Imbaba había aplazado una visita a Bahrein y a los Emiratos Árabes Unidos, anunció el pasado miércoles que su ejecutivo preparará una ley unificada sobre la construcción de lugares de culto, que debería estar en vigencia en el transcurso de un mes. Sharaf anunció además, la creación de una Comisión Nacional de Justicia, que será la encargada de redactar la ley. El deber de esta comisión será también el de preparar una ley para combatir la discriminación y la creciente violencia sectaria.

Como recuerda el periódico, un código unificado para la construcción de mezquitas y de iglesias constituye, desde hace años, una de las principales exigencias de la comunidad copta. La normativa actual, que se remonta a 1934 e impone severas restricciones, ya para la construcción de nuevas iglesias ya para el mantenimiento de las existentes, es, de hecho fuente de discriminaciones. Según un informe gubernamental, el país cuenta con apenas 2.000 iglesias y, sin embargo, 93.000 mezquitas. La cuestión de los permisos de construcción fue, además, el origen de numerosos episodios de violencia (también por parte oficial), contra monasterios coptos o lugares de culto cristianos.

En el transcurso de los últimos meses, varios monasterios fueron atacados por el ejército, que tenía la intención de derribar los muros de protección considerados “abusivos” y construidos por los monjes para protegerse de grupos de vándalos, que intentan aprovechar el estado de inseguridad general que domina el Egipto post-Mubarak. Uno de los complejos monásticos que está en el punto de mira de los militares por “abusivo”, es el de Deir Anba Bishoy, uno de los cuatro grandes monasterios coptos que quedan hoy en el desierto de Wadi el-Natroun, en la provincia de Al Buhayrah, al noroeste del Cairo. A finales de febrero, las fuerzas armadas egipcias han realizado dos asaltos al complejo de San Bishoy (ZENIT, 25 de febrero de 2011).

También para los salafitas y otros grupos fundamentalistas, la cuestión de los permisos de construcción es una excusa fácil para atacar a la comunidad cristiana. Con el objetivo de impedir el comienzo de los trabajos de reforma del edificio, que fue dañado por las fuertes lluvias del pasado invierno, un grupo de musulmanes ocupó, por ejemplo, la iglesia de San Juan Amado, el pasado 5 de abril, en el pueblo de Kamadeer (cerca de Samalout, en la provincia de Minya), (ZENIT, 14 de abril de 2011).

El primer ministro Sharaf, que se reunió el pasado miércoles con una delegación de manifestantes coptos, anunció además la reapertura de todas las iglesias cerradas por la falta de los permisos o autorizaciones. Será reconstruida o renovada, además, la iglesia de la Virgen María, que quedó muy dañada durante los sucesos del pasado sábado en el barrio de Imbaba. Para evitar futuros ataques, el gobierno está discutiendo también una prohibición de organizar manifestaciones ante lugares de culto y el uso de eslóganes religiosos en las campañas electorales.

La pregunta más espinosa es si las buenas intenciones del primer ministro egipcio son suficientes para transmitir un poco de serenidad y poner fin así a los repetidos episodios de violencia anticristiana. Como demuestra un artículo publicado el 11 de mayo por Compass Direct News, está pesando negativamente en las relaciones interconfesionales lo que se podría definir como la “versión egipcia” de la infame ley pakistaní sobre la blasfemia. Se trata del artículo 98 (f), del Código Penal egipcio, conocido en el ámbito legal como la acusación de “ultraje a la religión”.

Como explica Compass, en un sentido estricto, el artículo en cuestión, no es una ley antiblasfemia. Pero tiene un impacto muy devastador: el que viola el artículo 98(f), está acusado de “difamación de una religión celestial” no se arriesga a recibir la pena de muerte, pero sí cinco años de cárcel. “El que usa la religión -dice el texto- para promover ideologías extremistas mediante la palabra hablada, escrita o de cualquier otro modo, con el objetivo de crear sedición, discriminación o ultraje de una religión celeste o de sus seguidores, o de prejuzgar la unidad nacional, será castigado con una pena de seis meses a cinco años de prisión o el pago de una multa de 500 libras egipcias”.

La acusación de difamación de las religiones se usa, por ejemplo, para hacer callar a los periodistas, intelectuales o estudiosos que defienden o divulgan opiniones “no-ortodoxas” sobre el islam, como es el caso del conocido escritor y teólogo Nasr Hamed Abu Zaid. Acusado por exponentes de la Universidad de Al-Azhar – el centro más famoso del islam sunnita- por haber difamado al islam con su hermenéutica histórica del Corán, el teólogo fue condenado en 1995 por “apostasía”. Después de esto, Abu Zaid consiguió huir de Egipto y se trasladó en 1995 a Holanda, donde ha enseñado en la universidad de Leiden y de Utrecht.

Una segunda categoría que sufre las tinieblas de la ley, es la formada por los convertidos del islam. Según Paul Marshall, del Center for Religious Freedom del Hudson Institute - un grupo de pensadores “think tank” estadounidenses fundado en 1961 -, convertirse significa casi siempre tener problemas con las autoridades y sufrir la acusación de ofender la religión islámica: quien elige a Cristo abandona el islam, y de alguna manera transmite el mensaje de que se trata de una religión “mala” (Compass Direct News, 11 de mayo).

Un convertido que ha experimentado en sus carnes el efecto del artículo 98(f) es Ashraf Thabet, de 45 años de edad, de Port Said. Después de su conversión al cristianismo, producida después de un problema económico, Thabet que trabajaba en el sector de la importación, terminó en el punto de mira del temido State Security Intelligence (o SSI). Arrestado en su casa delante de su familia el 22 de marzo de 2010, Thabet pasó 132 días en una cárcel de aislamiento, pero no fue llevado nunca a juicio.

Desgraciadamente la aplicación de la ley es “de sentido único”. Las autoridades se mantienen en silencio cuando se difama a las religiones minoritarias. Como observa Marshall, sobre todo cuando se trata de seguidores de religiones “no reveladas”, por ejemplo los baha'is y los zoroastrianos, no se detienen los insultos. Otra minoría que es denigrada libremente es la judía. “En la práctica -sostiene el investigador del Hudson Institute- se puede insultar a los judíos a voluntad, incluso en los medios de comunicación estatales”.

Para Sharaf, el camino parece largo y difícil. Según los analistas, el obstáculo más grande -quizás insuperable- en el camino de la normalización de las relaciones interreligiosas, es el discutido artículo 2 de la Constitución egipcia, que declara que la ley islámica -es decir la shari'a-, es la fuente principal de todas las leyes. De hecho, en el referéndum del pasado 19 de marzo, venció la propuesta de una reforma constitucional “light”, dejando tal y como está sea el artículo 2 que la ley sobre la difamación.



Por Paul De Maeyer. Traducción del italiano por Carmen Álvarez