El arzobispo de Toledo pide oponerse activamente a la legalización de la eutanasia activa

Denuncia los peligros que acarrea el proyecto de divorcio rápido

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TOLEDO, martes, 5 octubre 2004 (ZENIT.org-Veritas).- Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y primado de España, ha aclarado en una Instrucción Pastoral a sus diocesanos que «tanto gobernantes como gobernados» están llamados a oponerse a las leyes que está promoviendo el gobierno socialista español en materia de eutanasia activa y divorcio.



Sobre la cuestión de la eutanasia, a la que dedica la primera mitad de esta Instrucción, publicada el domingo, el arzobispo de Toledo recuerda la distinción moral entre la «eutanasia activa», que pretende directamente provocar la muerte y que por tanto es «un crimen», y la «eutanasia pasiva», que no busca provocar la muerte sino evitar el encarnizamiento terapéutico, y que «no es moralmente rechazable».

Para el prelado, resulta «muy inquietante» que «se pueda legalizar, como se ha hecho con el aborto, también la eutanasia activa y directa de ancianos, enfermos, y discapacitados. Sólo pensarlo estremece. Y de verdad que causa horror el ver que esta posibilidad se puede convertir en una realidad ante la presión que se está ejerciendo sobre la opinión pública y sobre quienes tienen responsabilidad de legislar».

Respecto a su posible legalización, el arzobispo de Toledo afirmó que «aunque la eutanasia activa y directa fuese legalizada no dejaría de ser un asesinato», y añadió que supone «una falsa piedad, una preocupante perversión de la misma. La verdadera compasión nos hace solidarios con el dolor de los demás, y no elimina a la persona cuyo sufrimiento no se puede soportar».

El prelado hace un llamamiento a sus diocesanos a oponerse activamente a la eutanasia, además de con el «testimonio personal frente a la muerte», también participando «en los medios de comunicación social y demás foros de influencia en la opinión pública», y «votando, en los procesos electorales de nuestro país, con atención responsable hacia la actitud de cada partido político ante cuestiones como la familia, la sanidad, la política respecto a los minusválidos y la tercera edad, la eutanasia, etc.»

«Que piensen bien los legisladores en su responsabilidad. Que nadie, ni hoy ni mañana, les pueda tildar de haber contribuido a un retroceso en humanidad, de haber permitido algo tan antisocial, tan absurdo y, en el fondo, tan inhumano», añadió.

Respecto al anteproyecto de ley del divorcio rápido, el arzobispo de Toledo afirmó que lo grave no es la progresión del divorcio, sino el hecho de que «ya no se cuestiona el divorcio», el cual considera «una de las grandes derrotas de la civilización humana».

«Lo grave en materia de divorcio es abrir la puerta; una vez abierta, la fuerza de los hechos obliga a hacerla más ancha cada vez. Y cuando más se abre, más se dirá que el divorcio es un mal necesario en la sociedad moderna, y aun una solución humanitaria para matrimonios desgraciados, mientras se escamotean, consciente y persistentemente, a la opinión pública todos los problemas que el divorcio origina, y se reduce a silencio a los que con conocimiento de causa pueden oponerse al mismo», afirmó, citando al recientemente fallecido cardenal emérito Marcelo González.

«La Iglesia sabe que marcha contra corriente cuando anuncia la indisolubilidad del vínculo matrimonial, y no debería extrañarnos que esta enseñanza no sea aceptada por todos», pero, añadió, «la verdad es que la indisolubilidad pertenece a la entraña del matrimonio», pues no es «mera imposición de la sociedad» o «un precepto divino sobreañadido, sino que brota de la esencia del mismo amor conyugal».

El prelado rechaza que se vincule la indisolubilidad al matrimonio canónico, y afirma que es también propia del matrimonio civil, y pide a sus diocesanos «no dejarse engañar por esa expresión tan repetida de que en virtud del pluralismo de la sociedad moderna y del principio de libertad religiosa la Iglesia y sus ministros deben callar, hágase lo que se haga. Porque no se trata al defender la indisolubilidad del vínculo, solamente de un principio de moral específica y exclusivamente católica, sino de moral natural».

Para el prelado, la nueva ley es rechazable pues «divorcio engendra divorcio», ya que «prácticamente sirve de incitación a matrimonios sin problemas insolubles, pero víctimas del medio ambiente», y se pregunta si facilitarlo «constituye realmente un remedio al mal que se intenta atajar o es, más bien, una puerta abierta a la generalización del mal».

«No podemos callar ni quedarnos de brazos cruzados ante la plaga del divorcio y ante las legislaciones, cada vez más permisivas sobre esta materia, que van minando la institución matrimonial», añadió.

Para el arzobispo de Toledo, «si la llamada "cuestión social" fue asunto principal en el siglo XIX y gran parte del XX, y de ella se ocupó amplia y profundamente la Iglesia y su magisterio, en las postrimerías del último siglo y del nuevo en que nos encontramos, inicio de un nuevo milenio, la cuestión principal es todo lo que se refiere a la vida».

El prelado afirmó que «las peculiares circunstancias históricas que determinan lo que ha sido y es --en muchos casos-- la familia española, que se conforma según modelos jurídicos, culturales y éticos inspirados en la fe cristiana, ponen un acento de mayor gravedad a la hora de afirmar la responsabilidad de los católicos ante un divorcio civil».

Monseñor Cañizares pide para la Iglesia «al menos el mismo respeto que ella tiene respecto a la autoridad civil, en esta y otras materias que tienen que ver con aspectos éticos», y añadió que «no se puede admitir el reproche que se hace a la Iglesia de invadir un campo que no le corresponde: le corresponde plenamente».

«La autonomía que le corresponde al Estado respecto de la Iglesia, no significa, en ningún caso, que no sea de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de las personas o la salvación de las almas», añadió.