El Europarlamento condena al Vaticano por el caso de religiosas violadas

La medida pretende impedir la visita del Papa a esa institución

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ESTRASBURGO, 6 abr 2001 (ZENIT.org).- El Parlamento europeo de Estrasburgo propinó en la tarde del jueves un ataque sin precedentes a la Santa Sede al aprobar por mayoría una «moción» en la que se le atribuyen las violaciones sufridas por religiosas en África. La medida buscaría tratar de impedir que Juan Pablo II visitara esa institución.



Se trataba de una moción parlamentaria sobre la «Responsabilidad de la Santa Sede con respecto a una violación de los derechos del hombre por parte de sacerdotes católicos». El texto, que según los estatutos del Parlamento no tiene ningún carácter ejecutivo (supone más bien un «juicio moral»), «condena todas las violencias sexuales contra las mujeres, en particular contra las religiosas católicas. Asimismo pide que los autores de los crímenes sean arrestados y entregados a la justicia».

La Moción pasó por 65 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Votaron a favor de la condena al Vaticano el Partido Socialista Europeo, el Grupo de los Verdes, la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL) y el Grupo Liberal Democrático Europeo (ELDR). Los votos en contra procedían principalmente del Partido Popular Europeo (PPE) y Grupo Unión por la Europa de las Naciones (UEN).

La propuesta de voto fue presentada por Elly Plooij-van Gorsel, Cecilia Malmstrom y Lousewies van der Laan, militantes del liberal ELDR.

El Parlamento «pide además a la Santa Sede examinar con seriedad toda indicación de abuso sexual cometido en el seno de sus organizaciones. Se le pide además restablecer en su puesto a las mujeres de la jerarquía religiosa que han sido removidas de sus cargos porque han llamado la atención de sus autoridades sobre estos abusos».

La votación del europarlamento se refería al informe confidencial entregado a la Congregación vaticana para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica por la religosa Maria O´ Donohue, en el que se indican casos de abusos de religiosas por parte de sacerdotes. El informe fue publicado por el semanario estadounidense «National Catholic Reporter».

La Santa Sede, a través de un comunicado de prensa publicado por el portavoz vaticano Joaquín Navarro-Valls, explicó que el Vaticano, los superiores de las congregaciones religiosas, y los obispos donde se ha dado el problema, «circunscrito a un área geográfica delimitada» (algunas regiones de África) ya han tomado medidas para hacer que situaciones de este tipo puedan volver a repetirse (Cf. Zenit, 20 de marzo de 2001).

La Moción se presentó en el Parlamento como un «Debate de urgencia», a pesar de que los hechos a los que se refiere el informe sucedieron hace ya más de cinco años.

«Es como si el Parlamento europeo se pronunciara contra el gobierno de Estados Unidos porque el presidente Bill Clinton se aprovechó de su cargo con respecto a una becaria para mantener relaciones sexuales», explica en declaraciones a Zenit Mario Mauro, diputado italiano en el Europarlamento en el bloque del Partido Popular Europeo, quien votó contra la Moción.

«Se le acusa a la Santa Sede de culpas de las que se habrían manchado algunos misioneros», explica el europarlamentario. «Es importante distinguir, sin embargo, entre la Santa Sede y los diferentes individuos de la Iglesia católica. La Santa Sede no es un Estado en el que cada católico sea su ciudadano. La Santa Sede sirve a la comunidad universal católica a través de su propia autoridad, pero no puede ser responsable de todas y cada una de las acciones de los católicos en el mundo, sean éstos católicos o laicos».

Según Mauro, la Moción del Parlamento tenía dos objetivos políticos escondidos pero de carácter público en los pasillos de Estrasburgo: tratar de desacreditar a la Santa Sede ante las Conferencias internacionales, donde desempeña un papel decisivo, e impedir una posible visita de Juan Pablo II al Europarlamento que ya han pedido políticos de las diferentes fuerzas representadas en el hemiciclo.

Mauro explica, además, que la Santa Sede ya ha tomado cartas en el asunto desde hace tiempo y que respondió inmediatamente con un comunicado oficial al hacerse pública esta información, algo que no tiene en cuenta la Moción del Europarlamento.