El Papa pide a Venezuela espacio para la acción de la Iglesia

Discurso al nuevo embajador de Caracas ante el Vaticano

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CIUDAD DEL VATICANO, 6 nov (ZENIT.org).- Juan Pablo II hizo esta mañana un llamamiento al gobierno de Venezuela a evitar «reticencias» y «rivalidad» entre la Iglesia y el Estado, dos instituciones que deben trabajar, según su propia identidad, al servicio del bien común del pueblo.



La intervención del Papa tuvo lugar al recibir esta mañana las cartas credenciales del nuevo embajador de Caracas ante la Santa Sede, Ignacio Quintana, catedrático universitario y candidato a la presidencia del país en las elecciones de 1998.

Las palabras del obispo de Roma tienen lugar en un momento decisivo para la República Bolivariana de Venezuela, que hace menos de un año aprobó su nueva Constitución y que confirmó recientemente en la presidencia a Hugo Chávez (Cf. «Los obispos venezolanos ante las elecciones»). En los últimos años, las relaciones entre el gobierno de Chávez y representantes de la Iglesia católica no han sido fáciles, hasta el punto de que ha tenido que crearse una comisión formada por representantes eclesiales y gubernamentales para la promoción del diálogo y la colaboración mutuos (Cf. «Venezuela: Nace una comisión Iglesia-Gobierno para superar diferencias»)

El Papa constató con el señor Quintana que «la acción de la Iglesia y de los poderes públicos confluyen en los mismos destinatarios, puesto que las dos partes tienen por objetivo el bien --material y espiritual-- de la persona humana en un determinado momento de la historia. Por eso, con exquisito respeto de las respectivas incumbencias, las relaciones que deben existir entre ellas son sobre todo de diálogo y colaboración».

«A la Iglesia le corresponde una competencia en los ámbitos concernientes a los valores que, a su vez, son el alma de una nación», añadió el Santo Padre. En este sentido, denunció la amenaza que representa «una democracia sin valores» que con facilidad termina «en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia».

El sucesor de Pedro reconoció que «la Iglesia no tiene el deber ni la pretensión de competir con los proyectos políticos para resolver los problemas de la sociedad desde la perspectiva técnica y administrativa, propia de la autoridad civil». Ahora bien, «por su sentido de la persona, su interés por la solidaridad y su atención a los más débiles, puede contribuir a la instauración de una vida social mejor».

El pontífice garantizó al representante de Hugo Chávez ante el Vaticano que la Iglesia y sus pastores en Venezuela seguirán manteniendo su firme compromiso «en favor de los derechos fundamentales de las personas, en su decidida defensa de la vida desde el momento de su concepción hasta su natural extinción, en su intensa y constante actividad educativa, en su promoción de la familia como institución natural y célula primaria de la sociedad y en sus desvelos por rescatar a tantos ciudadanos de las cadenas de la miseria, el hambre, la corrupción de costumbres y tantas otras formas de marginación social».

Aclaró que no se trata de una acción política, sino que la Iglesia trabaja «inspirada en el Evangelio que ilumina las realidades temporales a la luz de la excelsa vocación a la que el hombre ha sido llamado por Dios, y firmemente convencida de que esa es la mejor manera de servir a los hombres y los pueblos».

Para ello, lo único que reclama la Iglesia es «el espacio necesario para sus actividades, colaborando concretamente con las autoridades civiles, para disponer establemente del espacio social y de los medios necesarios que le permitan llevarlas a cabo».

«No debe haber, pues, reticencias ni tanto menos rivalidad en asuntos en los que se decide el bien común y el futuro digno de un pueblo --concluyó el Papa--, como son la defensa sin paliativos de la dignidad humana en toda su integridad, de una educación abierta a la dimensión trascendente de la persona, que no puede prescindir del aspecto religioso, o los derechos fundamentales, civiles y sociales, de todo ser humano».