España: Imposición educativa del gobierno de espaldas a la libertad de los ciudadanos

Entrevista con María Rosa de la Cierva, secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid

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MADRID, jueves, 29 septiembre 2005 (ZENIT.org).- Un tratamiento marginal reserva a la asignatura de religión el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) promovido por el gobierno socialista de España desoyendo a millones de ciudadanos, denuncia María Rosa de la Cierva, secretaria de la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro de reconocido prestigio del Consejo Escolar de Estado.



Ha sido consejera en los debates de leyes de educación como la LOPEG, la LOGSE, la LOCE y ahora la LOE, pero en el proyecto actual «no ha habido debate», y alerta del recorte de derechos y libertades que el articulado supone para los padres.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal española se ha visto obligada a informar a la opinión pública del alcance y consecuencias que se derivarían de la aplicación de la LOE (Cf. Zenit, 29 septiembre 2005).

Según explicó María Rosa de la Cierva en una entrevista concedida a Veritas --de la que publicamos amplios pasajes--, la normativa, aparte de reflejar la falta de diálogo en su gestación, además reduce, entre otros puntos, el nivel de calidad educativa y se orienta a una desmembración del sistema educativo en España.

--Como miembro de reconocido prestigio del Consejo Escolar del Estado, ¿cómo ha visto la actitud del gobierno en este debate? ¿Ha habido diálogo con las organizaciones educativas?

--María Rosa de la Cierva: Se dice que ha habido diálogo porque lo hemos tenido cinco meses en el Consejo Escolar del Estado, pero a la hora de tener las sesiones de estudio, no se aceptan nuestros planteamientos.

Yo veo al Ministerio de Educación muy inflexible respecto al proyecto que ha elaborado, por mucho que publique lo que ha sido el debate, las reuniones que hemos tenido, que haya hecho prórroga de estudio en el Consejo. Entre otras cosas porque en el Consejo Escolar del Estado no ha habido debate, ha habido presentación de posiciones en paralelo.

La misma presidenta del Consejo Escolar del Estado, que ha defendido siempre, precisamente, el principio de la participación como base de este organismo, en realidad no nos ha dado posibilidad de debatir. Nos ha dado posibilidad de presentar nuestro planteamiento, nuestra opinión, y basta.

Por otra parte, la votación está ya muy clarificada y determinada en el Consejo Escolar del Estado, tanto en la Permanente como en el Pleno. La constitución del Consejo supone que, de los 80 miembros, 57 votan en bloque a favor de lo que diga el Gobierno y 23 que no. Aunque nosotros presentemos nuestras enmiendas --porque no hacemos ninguna dejación de nuestras competencias y pedimos las votaciones para que queden para la historia--, son votos testimoniales.

En la Comisión Permanente, que es donde más se trabaja, estamos preparando actualmente el informe de la situación del sistema educativo 2003-2004, y el martes pasado sobre 20 personas, la proporción de votos es de 14 a 6, con votaciones totalmente cerradas, sin debate. Sobre todo cuando son propuestas que afectan a los dos asuntos clave, que es el tratamiento de la concertada y de la religión, porque ahí hay una inflexibilidad total.

Sin ir más lejos, el pasado martes presenté 9 enmiendas. De ellas, las que no hacían referencia a estos temas, y limándolas con modificaciones transaccionales sobre la marcha, se han aprobado, pero las que hacen referencia a estos temas, en absoluto. Las votaciones son siempre 6. Hemos trabajado como una piña y se han dado 3 casos de votaciones desempatadas por la presidenta, que por supuesto siempre han sido favorable al grupo de los 14. Se dan empates porque alguna institución es más ágil y es capaz en algún momento de votar a favor. Pero en los temas clave, 6 son los votos que tenemos.

--En estos momentos, la ley se encuentra ya en el Parlamento. ¿Habrá allí posibilidad de debate?

--María Rosa de la Cierva: Creo que se seguirá aplicando la técnica del rodillo. Ya lo expliqué en una de las enmiendas --que fue votada en contra, claro está--, en la que decía que la introducción del nuevo proyecto de ley habla de la necesidad de llegar a una ley de consenso, porque la acusación mayor a la ley de Calidad [del gobierno anterior, ndr] era que no era una ley de consenso.

Pues bien, ahora no podemos decir que es una ley de consenso, en absoluto. No se puede hablar de consenso y aplicar la ley del rodillo. Está claro que este proyecto de ley no le gusta a nadie, porque si no no habría tenido las 1.825 enmiendas que tuvo.

Durante el tiempo que he estado en el Consejo se ha debatido la LOCE, la LOPEG y la LOGSE; nunca ha habido ese número de enmiendas. Eso significa que no le gusta a nadie, sólo a los partidos más afines al Gobierno actual.

--Sin posibilidad de diálogo, ¿sólo quedaría entonces la manifestación?

--María Rosa de la Cierva: Por supuesto, ya se está preparando. Este lunes, creo, se va a concretar la fecha y el lugar. Y hay que hacerla. Aunque va a ser también testimonial, porque estoy convencida (y nos está dando suficientes pruebas el gobierno), de que salir a la calle no les preocupa mucho. Si no, ¿como se puede explicar esos 3.500.000 de firmas que llevó CONCAPA [Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, ndr.] a Presidencia del Gobierno y que se negaron a recoger, y que cuando las llevaron al Congreso, salieran los del Partido Popular pero ninguno del Partido Socialista? Creo que la firma de 3.500.000 de firmas de padres es significativa, pero está claro que este gobierno antes escucha a los 300 homosexuales que van a verle que a 3,5 millones de padres.

--Aún con estos 3.500.000 de firmas, ¿podría producirse una desaparición de la asignatura de religión?

--María Rosa de la Cierva: No, pero se le da un tratamiento muy marginal. Tal y como está en el proyecto de ley orgánica, contemplada en la disposición adicional segunda, se eliminan dos características básicas, que son la evaluación a todos los efectos técnicos y que los alumnos que no reciben religión confesional puedan recibir una opción no confesional, como determinaba la LOCE. Esto significa verla de manera marginal.

Algunos políticos están pidiendo que salga fuera de la escuela. Por los Acuerdos de la Santa Sede y el Estado Español no pueden salir fuera de la escuela, ni por la Constitución Española. Se ha votado en Cataluña que la educación obligatoriamente tiene que ser laica, y eso va en contra de la Constitución Española, porque se elimina el derecho reconocido a los padres y el deber de las administraciones públicas de garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos conforme a sus convicciones morales.

El Gobierno confunde aconfesionalidad con laicidad. Dicen: España es un Estado aconfesional; pero el artículo 16.c [de la Constitución Española] reconoce la especial colaboración del Estado con la Iglesia Católica, precisamente por su realidad sociológica.

Es más, en el dictamen que terminaremos de debatir en los días 3 y 4 de noviembre, curiosamente el Ministerio de Educación --no la Conferencia Episcopal ni ninguna institución de Iglesia-- da cifras, y señala ese 82% de alumnos que siguen la religión católica, y el 18% restante otras confesiones, evangélica, judía e islámica.

Por parte del Gobierno se está promocionando la formación islámica; es más, el propio Ministerio de Justicia ha creado una fundación para favorecer el tratamiento de estos profesores de religión.

--La Conferencia Episcopal y el Ministerio de Educación han tenido reuniones en una Comisión Mixta...

--María Rosa de la Cierva: Lo mínimo.

--¿Cómo han ido esas reuniones?

--María Rosa de la Cierva: Mal, mal, un diálogo de sordos. Ha habido sólo una, y no al nivel establecido (que es, por parte de la Conferencia Episcopal, el Vicepresidente, el Presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, el Secretario de la Conferencia Episcopal de Enseñanza; y por parte del gobierno, la Vicepresidenta, la Ministra de Educación y el Ministro de Justicia, que son los correspondientes). No ha habido reunión con la Vicepresidenta, sólo con la Ministra.

En la segunda, en el mes de julio, la Ministra de Educación dijo que no podía estar y que sólo iban a estar los técnicos del Ministerio. Y la Conferencia Episcopal dijo que eso no era una Comisión. No sé si ahora volverán a reunirse.

--Y ahora con la ley en el Parlamento, ¿podría haber una reunión de la Conferencia y el Gobierno?

--María Rosa de la Cierva: Espero que sí que haya. Aunque no confío en esas reuniones, porque veo que las decisiones están ya tomadas por parte del Gobierno. Les veo inamovibles en el terreno de la Educación. Es comprensible, la Educación es lo que forma las personas, las personas son las que de alguna manera constituyen la sociedad y se está trabajando tremendamente en hacer una visión antropológica de «cejas para abajo». Obviando la formación humanística e integral, que asume y tiene en cuenta la enseñanza religiosa. Se la quiere eliminar, dejarla de lado.

En el fondo está latiendo la idea del modelo francés, cuando curiosamente en Francia, desde hace dos o tres años, hay un movimiento de replantearse esa situación, porque la historia de Francia no se entiende sin la historia del cristianismo en Francia, un poco como pasa con la historia de Europa.

Desde un marco de formación cultural, debe tenerse en cuenta esa historia del hecho religioso, que es lo que debería presentarse, como hacía la LOCE, para aquellos alumnos que no quieran recibir una religión confesional. Se trata de que no quede mermada esa formación integral, recibiendo una formación religiosa aunque sea desde el punto de vista cultural.

--Como Secretaria General de la Provincia Eclesiástica, a aquellos padres que quieren la religión para sus hijos ¿que les diría que pueden hacer en estos momentos?

--María Rosa de la Cierva: Primero hay que ayudar a que tomen conciencia de la amenaza que tenemos, que tienen ellos sobre todo por la educación de sus hijos, de violación de sus propios derechos. El art. 27.3 de la Constitución no habla sólo del derecho de los padres, sino también el deber que tiene la administración pública para el ejercicio de ese derecho. Es inconstitucional que el poder público no permita a los padres esa elección según sus convicciones morales y religiosas.

Los protagonistas que deben reclamar el derecho a la educación son los padres. La Iglesia sólo puede apoyar, estimular, informar, sobre un derecho de los ciudadanos. Para esta próxima manifestación que va avanzando, los protagonistas son los padres y también los profesores de alguna manera, que quedan marginados. Pero antes de la manifestación es imprescindible una programación muy intensa de mentalización, y puede darse el caso de padres que no son suficientemente conscientes del recorte de libertades que supone esta ley. Esta manifestación
no va en contra de nadie, va a favor de un principio constitucional y democrático como es la libertad de elección. Lo mismo ocurre con los titulares de los centros, se les reconoce el derecho al carácter propio, pero si luego se les recortan las posibilidades, les están cortando indirectamente también ese derecho que se les reconoce. El derecho a la libertad, no hay ningún demócrata que pueda negarlo.

A nuestros gobernantes actuales en coalición les entusiasma hablar de que estamos en una democracia. ¡En una democracia, el Gobierno está al servicio de la sociedad! Y pongo el ejemplo de los 3.500.000 de firmas: si un Gobierno no los recibe, no se puede decir que esté al servicio de la sociedad. Tal vez, a una parte de la sociedad, la que piensa como él.

Lo que en realidad está pasando es que, en determinados asuntos sociales de gravísima importancia, estamos viviendo unos condicionantes que más hablan de dictadura que de democracia, porque es una imposición. La libertad de elección viene en el art. 27, en el apartado de Derechos y Derechos Fundamentales. Derechos y deberes que tienen que promover las administraciones públicas; sino lo hace, significa que el mismo que debería ser el garante del ejercicio de las libertades, está cercenando esas mismas libertades.

Dicho en lenguaje político, esto es una dictadura, y es de una enorme gravedad. Por ello, es importante que los padres tomen conciencia de la amenaza a su libertad de elección.

Apoyo la manifestación convocada por CONCAPA, en la que tengo intención de participar, porque es una manifestación que reclama un principio básico de convivencia y creo que nadie debería achacar que se va en contra de nadie; se va a favor de las libertades.

[La versión íntegra de esta entrevista está disponible en www.agenciaveritas.com]