Guatemala: La Iglesia, contra una ley que obliga a dar educación sexual escolar

La norma tiene irregularidades e inconstitucionalidades, advierten los obispos

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GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, jueves, 19 noviembre 2009 (ZENIT.org).- El arzobispo de Guatemala, cardenal Rodolfo Quezada Toruño, anunció que se presentará ante la Corte de Constitucionalidad un recurso contra la ley que obliga a las escuelas a dar educación sexual, que incluye los métodos de planificación familiar, pues vulnera el derecho de los padres a educar. La Comisión Episcopal de Pastoral Educativa emitió un comunicado expresando su “profunda preocupación” por el contenido del texto legal.

La Comisión de Pastoral Educativa de la Conferencia Episcopal de Guatemala, con la asistencia del cardenal arzobispo de Santiago de Guatemala, monseñor Rodolfo Quezada Toruño, emitió un comunicado el 5 de noviembre, en el que se dirige “a las autoridades de Gobierno y Educación del país y a la sociedad civil” para expresar “su profunda preocupación” por la reciente aprobación del “Reglamento de la Ley de Acceso Universal y Equitativo de servicios de planificación familiar y de su integración en el programa de salud reproductiva”, decreto número 87-2005 del Congreso de la República.

En dicho Reglamento, afirma el comunicado, existen, entre otros defectos: Desde el punto de vista legal, hay irregularidades conceptuales, inconstitucionalidades evidentes e ilegalidades de procedimiento.

Respecto a la cuestión de los conceptos, explica la nota, no se define palabras básicas como “género”, “poblaciones postergadas” y “barreras médicas”, cuya precisión es imprescindible para poder entender el Reglamento.

Sobre las inconstitucionalidades, la nota señala el artículo 6º, que “detalla los ejes trazados en la transformación curricular implementada detallando los componentes contentivos de la misma para menores de 7 a 9 años y de 10 a 12 años, lo que atenta contra el artículo 71 de la Constitución que garantiza la libertad de enseñanza y de criterio docente (por el lado de los centros educativos); y contra el artículo 73 que garantiza el derecho de los padres de escoger la educación que ha de impartirse a sus hijos, impidiéndoles reglamentariamente oponerse al tipo de “educación sexual” que estipula el Reglamento”.

En lo tocante al procedimiento, señala el comunicado, es sospechoso el involucramiento en el proceso de compra, adjudicación, almacenamiento y distribución a nombre del Ministerio de Salud, del IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) y “otras entidades publicas y privadas del sector salud” (Capítulo II, Art. 3) sin indicar quién dispone dichas entidades y como es que se promueven y al mismo tiempo proveen los productos de la llamada Planificación Familiar.

“Concretamente el Capítulo V menciona a APROFAM, una ONG establecida en Guatemala como ofertante de métodos anticonceptivos y a la vez parte de la Comisión de Aseguramiento de los mismos”, denuncia la nota.

Pedagogía

Desde el punto de vista educativo, señala la nota, “preocupa el que no se menciona adecuadamente la abstención de actividad sexual y el retraso de las mismas en niños y adolescentes, tal y cuya eficacia se ha demostrado por sobre la simple instrucción fisiológica y contraceptiva en mucha regiones del mundo en la adolescencia”.

Además, el enfoque de los temas “no respeta la evolución psicopedagógica de los niños y adolescentes en el tema afectivo sexual, que no es puramente fisiológico sino relacional: la propensión a este aspecto en los contenidos del Ley, del Reglamento y de algunos materiales y acciones confiadas irresponsablemente a ONG’s como APROFAM constituye un atentado al aspecto psicopedagógico de los niños y adolescentes”.

Por estos y varios defectos de orden jurídico, médico y sobre todo pedagógico que confluyen todos en el aula, la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal hace un llamamiento “a la conciencia de los padres de familia, y de los educadores y educadoras de todos los niveles de la sociedad guatemalteca para reflexionar la inviabilidad de dicho Reglamento”.

“Como se ha dicho –añade--, la misma Ley a la que sirve ese Reglamento constituye una falla legal al despreciar los legítimos derechos familiares al acceso de conocimiento y decisión de los Padres de Familia –parte fundamental de la comunidad educativa- sobre los contenidos de la educación de sus hijos e hijas”.

El “analfabetismo humanístico y pedagógico” –concluye el comunicado- “que sustenta la Ley y el Reglamento que la sirve, doblegando la Educación Nacional a la presión desinformativa y parcial de grupos interesados, hace revivir hoy el lamento del profeta Isaías: ‘¡Ay de los que llaman al bien mal!’ aplicable a quienes falsifican la defensa del bien y de la verdad y con lenguajes ambiguos de ‘justicia, salud y educación’ pero atentan en el fondo contra la vida y la dignidad de la persona humana, hoy lastimosamente, en el debilitado campo de la Educación nacional de la niñez y de la


Juventud”.