India: señales contradictorias hacia los cristianos

Detenido el diseño de ley que previene la violencia contra las minorías

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ROMA, martes 27 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- Según la información de la agencia Fides (23 de septiembre), el National Advisory Council (NCA) de la India – el organismo dirigido por Sonia Gandhi, líder del Partido del Congreso y de la United Progressive Alliance (UPA, la coalición de centro-izquierda actualmente en el gobierno)- ha publicado un nuevo esbozo de un proyecto de ley que pretende prevenir la violencia sectaria y tutelar los derechos de las numerosas minorías étnicas y religiosas del enorme país, ofreciendo, por ejemplo, más poder al gobierno federal para intervenir cuando la acción llevada a cabo por los estados resulta insuficiente. Los gobiernos estatales han sido acusados, en el pasado, de estatismo y de connivencia con los extremistas.

La normativa, titulada “Prevention of Communal and Targeted Violence (Access to Justice and Reparations) Bill, 2011”, pero comúnmente conocida como la “Communal Violence Bill”, ha sido definida como una “urgencia” por varios representantes de las minorías, entre los que destaca el padre Babu Joseph Karakombil. Como explicó a Fides el portavoz de la Conferencia Episcopal de la India (CBCI), el objetivo de la propuesta, que prevé también mecanismos para asistir y resarcir a las víctimas, es “crear un marco legislativo cierto, para prevenir, controlar y bloquear la violencia sectaria que ha causado tanto sufrimiento en la nación durante estos últimos años” (21 de septiembre).

Definido por el padre Babu como “un instrumento útil para construir la armonía y la paz social” en el país, sin embargo entre quienes rechazan el diseño de ley promovido por el gobierno federal no está sólo la oposición dirigida por el partido ultranacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) y una de las formaciones de la mayoría, el Trinamool Congress. “Afirman que, protegiendo a las minorías se daña a la mayoría”, dijo a Fides el arzobispo de Nueva Delhi, monseñor Vincent Concessao. “Pero la finalidad de la ley es sólo prevenir la violencia, adoptando medidas adecuadas y penalizando fuertemente a los que inician y llevan adelante los conflictos. Por esto continuaremos pidiendo al gobierno que se apruebe la ley y presionando unidas todas las minorías étnicas y religiosas”, dijo el prelado.

Según la oposición, la norma servirá sin embargo para profundizar la fractura entre las minorías y la mayoría en el seno en la sociedad india. Lo confirmó el sábado 24 de septiembre durante una conferencia celebrada en Ahmedabad (en el estado del Gujarat), Alok Kumar, abogado de renombre en el Tribunal Supremo indio.

Como explicó Kumar, que fue invitado por el Bharatiya Vichar Manch (un grupo vecino al BJP, que se autodefine en su propia web como “un movimiento intelectual”) a participar en un seminario sobre el tema de las minorías en India, no habría necesidad de esta ley, dado que en India no se ha dado ninguna violencia comunitaria en los últimos nueve años. “¿Por qué el gobierno improvisamente siente la necesidad de tener este tipo de ley, cuando el país no ha visto ninguna disensión comunitaria durante un largo periodo? ¿Por qué la violencia comunitaria se ha convertido en algo más importante que el terrorismo?”, dijo (Daily News and Analysis, 25 de septiembre). Según Kumar, el diseño de ley parte del presupuesto equivocado de que los gobiernos y las autoridades estatales están contra las minorías.

Así de claro ha sido B.S. Raghavan. En la web Business Line (12 de septiembre), el escritor sostiene, de hecho, que la nueva ley está destinada a perturbar “el delicado equilibrio de los poderes entre el gobierno central y los estados individuales de la Unión India”. Además, continúa diciendo, la ley crea la impresión errada de que es la mayoría la principal responsable de la violencia comunitaria. Pésima es, según el autor, la formulación “nebulosa”del texto, porque deja espacio a interpretaciones parciales o subjetivas.

Considerada la propuesta “peligrosa” por el líder de la oposición en la “Lok Sabha” (la Cámara Baja del Parlamento indio), Sushma Swaraj (Press trust of India, 10 de septiembre), la oposición nacionalista tiende a olvidar que los propios hindúes son una minoría en siete estados de la Unión (por ejemplo Nagaland y en el Punjab), como recordó John Dayal, activista pro derechos humanos y presidente de la United Christian Action, que con otros dos representantes cristianos se sienta en el National Advisory Council. “La ley les protegerá también a ellos”, afirmó (Fides, 30 de mayo).

Que es necesaria una ley como “disuasión para nuevos actos violentos de masa contra las minorías”- como ya había explicado en meses pasados el portavoz de los obispos indios el padre Babu (7 de junio)-, lo confirman nuevos datos entregados por la Conferencia Episcopal de la India a la agencia Fides (23 de septiembre). En el periodo 2005-2009 – así se informa- se han verificado en India al menos 4.030 casos de violencia contra las minorías religiosas. Estos ataques se han producido en 24 de los 35 estados y Territorios de la Unión India. Mientras tanto los estados del nordeste han permanecido “inmunes” -como afirma la agencia-, el número de las agresiones y de los ataques se han elevado especialmente en tres estados: Maharashtra (700 incidentes), Madhya Pradesh (666) y Uttar Pradesh (645). Con 943 casos, el año más oscuro fue el del 2008, es decir el año del “pógromo” en Orisa y en el Karnataka. Impresionante es el número de las víctimas y los heridos: respectivamente 648 y 11.278.

Y la violencia continúa. De un informe del Global Council of Indian Christians (GCIC) enviado a la agencia Fides (21 de septiembre) surge en el 2011 se han verificado al menos 55 casos graves de violencia (no se han contemplado episodios relacionados con amenazas o intervenciones para disturbar asambleas), de las que se han dado 35 en el Karnataka y 20 en Orissa. “Todo esto no sólo disturba la paz y la armonía en el país, sino que también daña la imagen del país en el extranjero”, observa el GCIC.

“En algunas zonas de India, algunos grupos extremistas de matriz hindú llevan adelante una agenda hecha de odio y falsificación del testimonio de los cristianos”, comentó el obispo de Vasai (en Maharashtra), monseñor Félix Machado, ex subsecretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. “En la historia de la Iglesia siempre ha habido fuerzas que se oponían a la fe”, añadió. “Tendremos siempre la persecución. Cuando se anuncia el Evangelio, muchos aceptan el mensaje de Cristo y se bautizan, de la misma manera otros lo rechazan”.

No obstante la continua violencia, de la India llegan también tímidas señales de esperanza para los cristianos. Por ejemplo recordar que hace dos semanas, las autoridades de Kandhamal -el distrito en el estado de Orissa que en 2008 fue el epicentro de la onda de violencia anticristiana- anunció la revocación de las órdenes de demolición para cinco iglesias, que según sus detractores se habían construido en suelo público sin los permisos necesarios. Según las informaciones de Fides (12 de septiembre), el gobierno local ha dado marcha atrás después de una delegación de cristianos de Orissa, entre los que está el misionero monfortano, el hermano K.J Markose.

“En Kandhamal la paz es todavía una ilusión”, contó el religioso a Fides. “Los cristianos locales no tienen ni siquiera la oportunidad de recordar públicamente a los mártires de 2008. Nuestra gente está todavía en las tiendas, vive en condiciones de extrema pobreza y muchos tienen miedo de volver a visitar sus pueblos natales. A los cristianos se les impide reparar o reconstruir sus casas. No podemos reconstruir las iglesias que los radicales hindúes derruyeron en 2008”.

Un paso positivo es también una decisión del Tribunal Supremo de Nueva Delhi, publicada el pasado 31 de agosto. El tribunal supremo de la India ha pedido oficialmente a la Comisión Nacional pro Derechos humanos (NHRC) que realice en un plazo de seis meses un nuevo informe “transparente e imparcial” sobre la situación de los cristianos en Orissa, especialmente en el distrito de Kandhamal (Eglises d'Asie, 2 de septiembre). El Tribunal, que se ha declarado “insatisfecho” por las informaciones provistas por las autoridades locales, había pedido, a mitad del agosto pasado, al gobierno estatal que ofreciera explicaciones sobre la gestión de la crisis, en particular sobre los esfuerzos para resarcir y rehabilitar a los desplazados y las víctimas de la persecución.

“Acogemos con favor la orden del tribunal ya que podrían ayudar a dejar las cosas como estaban antes del inicio de la violencia”, dijo Bipra Charan Nayak, responsable de la Survivors Association of Kandhamal Violence (UCA News, 1 de septiembre). “Tendremos un encuentro con los supervivientes y presentaremos nuestras quejas al NHRC”, continuó Nayak. El arzobispo emérito de Cuttack-Bhubaneshwar, monseñor Raphael Cheenath, ha dirigido una petición al Tribunal Supremo.

“Nuestra gente ha sufrido la incapacidad de la administración en la protección de quienes están amenazados. El miedo y la intimidación continúan, y la justicia es todavía una realidad lejana”, había dicho el prelado el pasado mes a AsiaNews (18 de agosto). “Hasta que los cristianos del Kandhamal no sean resarcidos como merecen, hasta que las iglesias y los edificios no sean reconstruidos y los culpables castigados, no se hará justicia”, declaró con fuerza y determinación.

Por Paul De Maeyer. Traducción del italiano por Carmen Álvarez]