Intervención de monseñor Tomasi en la sede de la ONU en Ginebra

Sobre mortalidad materna y derechos humanos

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GINEBRA, martes 20 de septiembre de 2011 (ZENIT.org).- A continuación publicamos la intervención realizada el pasado 15 de septiembre por monseñor Silvano M. Tomasi, Observador Permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas e Instituciones Especializadas, sobre la mortalidad materna, en la 18ª Sesión del Consejo de Derechos del Hombre que se está celebrando en Ginebra.

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Presidente,

La Delegación de la Santa Sede ha seguido con mucha atención el Informe sobre “Prácticas para la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos para eliminar la mortalidad materna evitable y los derechos humanos” (A/HRC/18/27, 8 julio 2011), la Resolución 15/17 del 2010 del Consejo de los Derechos del Hombre sobre “Mortalidad y morbilidad maternas evitables, y derechos humanos: verificación de la resolución 11/8 del Consejo” (Consejo de los Derechos Humanos, XV Sesión, Resolución 15/17. Mortalidad materna evitable, morbilidad y derechos humanos: verificación de la Resolución 11/8, 7 de octubre 2010; XI Sesión, Resolución 11/8, junio 2009) además de la Resolución 11/8. Esta última Resolución ha expresado una “grave preocupación por la tasa global inaceptablemente elevada de mortalidad y morbilidad materna evitable”, reconoció este fenómeno como “un desafío para la salud, el desarrollo y los derechos humanos” y ha animado a los Estados y a otras importantes partes de la causa, inclusive las instituciones nacionales pro derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, a prestar “mayor atención al problema de la mortalidad y morbilidad maternas evitables y a destinar a ello más recursos” en el contexto del compromiso de la tutela de los derechos humanos.

No obstante estos compromisos rigurosamente articulados, la comunidad internacional debe reconocer, con profundo pesar, que se han hecho progresos insuficientes para evitar las defunciones de 350.000 mujeres al año, durante el embarazo y el parto. Por tanto, mi Delegación considera necesario afirmar, una vez más, que “cada mujer es igual en dignidad al hombre y es miembro, a todos los efectos, de la familia humana, en el ámbito de la cual ocupa un lugar importante y tiene una vocación que es complementaria pero de ninguna manera inferior a la del hombre” (Juan Pablo II, Carta al Secretario general de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo, del Vaticano, 18 de marzo 1994, párrafo 8).

Mi Delegación se complace en observar tres de las “características comunes de prácticas válidas y eficaces para reducir la mortalidad y la morbilidad materna” a las que ha llamado la atención el Informe debatido hoy: 1) Amplios cambios sociales y legales para mejorar la condición de las mujeres, promoviendo la paridad entre hombres y mujeres, la eliminación de los matrimonios en edad precoz y la consiguiente promoción de la dilación en el inicio de las relaciones sexuales, mejoramiento de la condición social, económica, sanitaria y alimenticia de las mujeres y jóvenes y eliminación de algunas prácticas dañinas como la mutilación de los genitales femeninos y la violencia doméstica; 2) Reforzamiento de los sistemas sanitarios y de la asistencia sanitaria básica para mejorar el acceso y disfrute de obstetras válidos y asistencia obstétrica de emergencia en caso de complicaciones; 3) Mejoramiento del seguimiento y valoración de las obligaciones estatales para garantizar la responsabilidad de todos los participantes y para llevar a cabo las distintas políticas.

La Iglesia Católica apoya una amplia red de servicios sanitarios en todas las partes del mundo y, en particular, ofrece asistencia a comunidades pobres y rurales que a menudo se excluyen del acceso a los servicios promovidos por los gobiernos. Algunas organizaciones católicas han desarrollado servicios especializados en la curación de heridas y ofrecen tratamientos holísticos y reintegración social de las víctimas de la violencia doméstica y promueven el desarrollo integral y la educación de las mujeres y de las jóvenes. Además las organizaciones católicas defienden, a nivel global, regional, nacional y local, políticas y prácticas dirigidas a tutelar los derechos de las mujeres y las niñas. Por tanto, mi Delegación desea asegurarle, Presidente, su fuerte apoyo a los mencionados elementos de buena praxis.

A propósito de los otros dos elementos propuestos por el Informe y definidos como “aspectos de buena praxis” para reducir la morbilidad y la mortalidad maternas, es decir “aumentar el acceso a la anticoncepción y a la planificación familiar” y resolver el problema del llamado “aborto no seguro para las mujeres”, la Santa Sede desea expresar su fuerte desacuerdo. Mi Delegación considera que debe ser dirigida “una particular atención para que al marido y la mujer se les asegure la libertad de decidir responsablemente, libres de cualquier coacción social o legal, el número de hijos y el intervalo entre un nacimiento y otro. La intención de los gobiernos y de las demás agencias no debería ser la de decidir por la pareja sino la de crear las condiciones sociales que les permitan tomar las decisiones correctas a la luz de sus responsabilidades frente a Dios, a sí mismos, a la sociedad de la que forman parte y al orden moral objetivo” (Juan Pablo II, Carta al Secretario general de la Conferencia internacional sobre población y desarrollo, del Vaticano, 18 de marzo 1994, párrafo 3). Además, consideramos que “el aborto, que destruye la vida humana existente... no es nunca un método aceptable de planificación familiar, como fue reconocido por unanimidad durante la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Población, desarrollada en Ciudad de México en 1984”. Por tanto, consideramos totalmente inaceptable que el llamado “aborto seguro” sea promovido por el Informe debatido en esta Sesión del Consejo de los Derechos del Hombre o bien, quizás de forma más significativa, por la Estrategia Global para la Salud de las Mujeres y de los Niños de las Naciones Unidas, puesta en marcha por el Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre de 2010.

Presidente, las preocupaciones que he mencionado se comprueban con los datos recogidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado que en África las mujeres mueren sobre todo por cinco causas principales: patologías vinculadas a la hipertensión, falta de asistencia obstétrica, hemorragias, sepsis, infecciones y enfermedades conectadas con el VIH (Khalid S. Khan et al., WHO Analysis of Causes of Maternal Deaths: a Systematic review, Lancet, 367, 2006: 1066-1074).

Las intervenciones realizadas para afrontar estas emergencias médicas incluyen la formación y el empleo de instrumentos obstétricos, la provisión de antibióticos y de medicaciones uterotónicas y mejoramiento del sistema de los bancos de sangre. Mi Delegación considera inaceptable cualquier intento de desviar los recursos económicos, tan necesarios, de estos eficaces intervenciones salva-vidas hacia programas más amplios para la anticoncepción y el aborto dirigidos a limitar la procreación de una nueva vida o a destruir la vida de un niño

En conclusión, la Delegación de la Santa Sede expresa la firme esperanza de que la comunidad internacional consiga reducir la morbilidad y la mortalidad maternas, promoviendo intervenciones eficaces basadas en los valores profundos y constantes, además de sobre conocimientos científicos y médicos y que sean respetuosos con la sacralidad de la vida desde su concepción hasta su muerte natural, porque “la presencia materna en el interior de la familia es muy importante para la estabilidad y el crecimiento de esta célula fundamental de la sociedad, que debería ser reconocida, alabada y apoyada de todas las formas posibles” (Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con los movimientos católicos para la promoción de la mujer, Luanda, Angola, parroquia de San Antonio, 22 de marzo 2009). 

[Traducción de la versión italiana publicada por L'Osservatore Romano, por Carmen Álvarez]