La pena capital en el corredor de la muerte

Bajan las ejecuciones en Estados Unidos a su nivel más bajo en 13 años

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ROMA, miércoles, 16 enero 2008 (ZENIT.org).- La campaña internacional para detener la pena de muerte tuvo éxito el año pasado con la votación no vinculante del 18 de diciembre en la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de suspender las ejecuciones.

«Esta es una evidencia más de la tendencia hacia la abolición de la pena de muerte», afirmaba el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en una nota de prensa el día de la votación. Los intentos previos de adoptar una resolución pidiendo una moratoria, en 1994 y 1999, fracasaron.

La votación ha tenido lugar cuando la pena de muerte está en declive en Estados Unidos. El día antes de que se aprobase la resolución de las Naciones Unidas, el gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, firmó una ley prohibiendo la pena de muerte en el estado.

La medida fue sobre todo simbólica, puesto que en Nueva Jersey no se ha ejecutado a nadie desde 1963, pero aún así recibió una amplia cobertura mediática. Según un artículo publicado en Associated Press el 17 de diciembre, en Nueva Jersey hay ocho hombres en el corredor de la muerte. Sus sentencias se conmutarán ahora por cadena perpetua.

El Death Penalty Information Center publicaba su informe anual el 19 de diciembre, en el que observaba que las ejecuciones han descendido en Estados Unidos hasta su nivel más bajo en 13 años. Además, el número de sentencias de muerte también hay bajado considerablemente en los últimos años.

En total, según el informe,  hubo 42 ejecuciones en el 2007. Aunque los datos oficiales todavía no están disponibles, el informe cifraba en 110 las nuevas sentencias de muerte en el 2007, el número más bajo desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, y un 60% más bajo que en 1999. Según el informe, el 1 de enero de 2007 había en el país 3.350 internos en el corredor de la muerte.

Tribunal Supremo

Curiosamente, las ejecuciones se han llevado a cabo en un número muy limitado de estados. De hecho, 40 de los 50 estados no ejecutaron a nadie el año pasado. La gran mayoría de las ejecuciones - el 86% del total- tuvieron lugar en el sur, y no menos del 62% de las ejecuciones tuvieron lugar en un solo estado, Texas.

El informe del Death Penalty Information Center también observaba que la pena de muerte está recurrida, aunque sin éxito, en algunos estados. El órgano legislativo de Nebraska estuvo a un voto de su abolición. En Nuevo México, una ley para abolir la pena de muerte logró ser aprobada en la Cámara baja por 41 a 28, pero no logró pasar el Senado. En Montana, una ley similar fue aprobada por el senado con una votación de 27 contra 22 votos, pero finalmente no se convirtió en ley.

Uno de los principales factores del descenso de las ejecuciones el año pasado fue la parada de facto a las ejecuciones tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el 25 de septiembre, de escuchar un recurso sobre la constitucionalidad de la mezcla de productos químicos utilizada en Kentucky en las inyecciones letales.

El Pew Forum on Religion and Public Life explicaba, en un informe publicado sobre el tema el 19 de diciembre, que el caso Baze contra Rees se centra en la consideración de si la inyección letal es un castigo cruel e inusual y, por lo tanto, viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

El informe titulado «An Impassioned Debate: An Overview on the Death Penalty in America» (Un Debate Apasionado: una Visión de la Pena de Muerte en América) observaba que la sentencia sobre el caso pude ser muy importante, puesto que la inyección letal es el método de ejecución utilizado por el gobierno federal y por todos menos uno de los 37 estados con pena de muerte.

El informe comentaba también que quienes se oponen a la pena de muerte alegan que no disuade de cometer crímenes violentos. También expresan su preocupación por los defectos del sistema de justicia penal, lo que podría significar que no hay una certeza absoluta de que sean verdaderamente culpables todos aquellos que son ejecutados. De hecho, la introducción de las prueba de ADN ha dado como resultado, en los últimos 15 años, la puesta en libertad de un gran número de internos del corredor de la muerte.

Según el informe del Pew Forum hay un descenso del apoyo a la pena de muerte en las encuestas públicas de opinión, aunque todavía hay una mayoría a favor. La cifra de quienes están a favor alcanzó su punto máximo a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando prácticamente el 80% de los encuestados estaba a favor de la pena de muerte. Una encuesta del Pew Forum en el 2007 mostraba que sólo el 62% de los encuestados se mostraba a favor de la pena capital para los condenados por asesinato.

El informe indicaba que, desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976, más de 1.000 presos han sido ejecutados. No obstante, en los últimos tiempos los tribunales han impuesto restricciones. En el 2002, el Tribunal Supremo dictaminó que los estados no podrían ejecutar a criminales con retrasos mentales. En el 2005, otro dictamen prohibía el uso de la pena de muerte para delincuentes juveniles.

China e Irán

Aunque la mayor parte de la atención mediática se centra en la pena de muerte en Estados Unidos, el número de ejecutados es mucho más alto en algunos otros países. En China, el año pasado fueron ejecutadas 1.010 personas por pelotones de fusilamiento, informaba el South China Morning Post el 3 de enero.

Según el artículo, Jiang Xingchang, vicepresidente del Tribunal Supremo del Pueblo, declaró recientemente al periódico China Daily que en el futuro se utilizaría la inyección letal en lugar del pelotón de fusilamiento.

Son varias las estimaciones sobre el número de ejecuciones en China. El South China Morning Post citaba una estimación, de la organización neoyorquina Human Rights Watch, de cerca de 10.000 personas al año. En contraste, Amnistía Internacional estimaba en 1.770 el número de ejecuciones en el 2005.

Irán también sigue llevando a cabo numerosas ejecuciones. En 2 de enero un total de 13 prisioneros fueron ejecutados, según un artículo del periódico italiano Corriere della Sera, publicado al día siguiente. El artículo citaba informes de que, en Irán, se han aplicado 297 sentencias de muerte en el 2007.

Japón sigue ejecutando presos, con tres ahorcamientos el 7 de diciembre, informaba el mismo día Associated Press. El gobierno normalmente lleva a cabo en secreto las ejecuciones, y el caso de las ejecuciones de diciembre fue el primero en el que las autoridades hicieron públicos los nombres de quienes iban a morir. Según los últimos datos oficiales, 104 convictos permanecen en el corredor de la muerte.

Ejecuciones secretas

Incluso antes de las penas de muerte de diciembre, el año pasado ya se realizaron algunas ejecuciones en Japón, informaba el periódico Times de Londres el 24 de agosto. Aquel día tres presos fueron colgados, elevando a 10 el total de ahorcamientos durante los 10 meses anteriores. Según el artículo, de acuerdo a la práctica japonesa, los prisioneros fueron colgados en secreto, sin testigos independientes. Se informó a los hombres condenados su muerte inminente sólo la mañana de su ejecución, y se informó a sus familiares y abogados después del hecho.

Poco antes de la votación en las Naciones Unidas, funcionarios de Nigeria confirmaron al menos siete ejecuciones en los últimos años, informaba la BBC el 17 de diciembre. Esta confirmación tiene lugar después de que el representante nigeriano ante las Naciones Unidas dijera en noviembre que su país no había llevado a cabo ninguna pena capital en años recientes.

Un aspecto interesante en el debate sobre la pena de muerte ha surgido en Italia, uno de los países más activos para que tuviera lugar la votación del pasado diciembre en la ONU. Tras la votación en las Naciones Unidas, Giuliano Ferrara, director del periódico Il Foglio, lanzó una campaña para extender la moratoria de la pena de muerte al aborto.

En las últimas semanas el periódico ha promovido la idea de que los activistas de derechos humanos, para ser coherentes con su postura a favor de la vida en las protestas contra la pena de muerte, deberían mostrarse igualmente activos en contra del aborto.

Por el padre John Flynn, L. C., traducción de Justo Amado