La Santa Sede no ha enviado ningún inspector a la comunidad del Padre Pío

Desmiente rumores de prensa que aseguraban problemas económicos

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CIUDAD DEL VATICANO, 18 feb 2001 (ZENIT.org).- El Vaticano no ha enviado ni tiene la intención de hacerlo a ningún inspector para controlar la administración financiera de los frailes de la comunidad del Padre Pío en San Giovanni Rotondo.



La noticia fue confirmada ayer por el portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro-Valls, quien con un comunicado oficial ha desmentido informaciones publicadas en estos días por la prensa, especialmente en Italia.

«La Santa Sede no ha enviado y no pretende enviar a un visitador apostólico al Santuario del Beato Padre Pío da Pietrelcina en San Giovanni Rotondo, respetando la autonomía de los Institutos religiosos, que son directamente responsables de la administración de sus propios bienes económicos».

El Santuario del Padre Pío, beatificado por Juan Pablo II en 1999, con unos seis millones de visitantes, recibe hoy día más peregrinos que Lourdes y que otros muchos santuarios tradicionales. Está dedicado a al sacerdote capuchino (1887-1968) con devotos en el mundo entero, que recibió los estigmas de la pasión de Cristo y que murió con fama de santidad. De hecho, la recta final de su proceso de canonización se encuentra bastante avanzada. En estos momentos, los científicos están analizando el milagro que podría abrirle las puertas de este reconocimiento.

Tras la publicación de la declaración vaticana, la provincia de los Capuchinos de Sant´Angelo-Foggia, a la que pertenece el Santuario, ha hecho circular un comunicado de prensa, distribuido por su portavoz, Stefano Campanella, para dar las gracias a la Santa Sede «por haber pronunciado una palabra de aclaración, que esperamos sirva para acabar con la larga serie de noticias infundadas y sucesivamente desmentidas que se han seguido en los últimos días».

Campanella hacía referencia a ciertas «revelaciones» sobre la supuesta decisión de los Capuchinos de detener las obras de construcción de un nuevo santuario en San Giovanni Rotondo (algo que nunca se ha registrado) a causa de una disminución de las entradas debida a un menor flujo de peregrinos y de ofertas en los últimos tiempos.

Los periódicos afirmaban que las dificultades económicas de la comunidad se debían también a un fraude de algunos millones de dólares realizado por un agente de finanzas, Nicola Avrogna, quien se declararía más tarde en bancarrota. Se trataba de operaciones que los frailes habían emprendido para las obras de construcción del nuevo santuario. Estos hechos, sin embargo, tuvieron lugar hace seis años y el acusado ha sido condenado por la justicia italiana a casi cuatro años por bancarrota con fraude.