La Santa Sede sobre el derecho a la educación

“Los Estados deberían respetar las elecciones que los padres hacen para sus hijos”

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GINEBRA, jueves 28 de julio de 2011 (ZENIT.org).- A continuación ofrecemos el discurso que monseñor Silvano Tomasi, representante permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas en Ginebra, realizó el pasado 6 de julio en la Sesión de Alto Nivel del Consejo Económico y Social.

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Señor presidente,

1. El tema de esta Revisión Ministerial Anual, “Aplicación de los compromisos y objetivos internacionalmente acordados en materia de educación”, es de urgente importancia para la realización global del desarrollo integral humano para el futuro de la familia humana. La educación es, antes que nada, un derecho fundamental de la persona humana y la validez de todas las políticas de desarrollo se miden por su respeto al derecho humano de la educación. De hecho, la educación juega un papel fundamental en la realización de un crecimiento económico sostenible y equitativo, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la reducción de la inequidad y la desigualdad. Es indispensable proteger y afirmar la dignidad trascendente de todos los hombres y mujeres.

La comunidad internacional ha hecho grandes progresos en la reducción del número de niños que no tienen acceso a la educación primaria. Sin embargo, en 2008, unos 67'5 millones de niños se quedaron fuera de las escuelas, y de acuerdo al Informe de Monitorización Global, si la actual trayectoria se mantiene, la comunidad internacional no será capaz de alcanzar la meta de la educación primaria universal para 2015. Entre los países menos desarrollados, tres países han informado de que tienen una tasa de escolarización inferior al 50% y sólo 17 países tienen una tasa superior al 80%.

Este año se cumple el 25 aniversario de la Declaración del Derecho al Desarrollo. En esta ocasión, deberíamos recordar que un contexto social más justo, incluyendo un profundo compromiso de esfuerzo para erradicar la pobreza, influiría positivamente en el acceso a la educación, especialmente para los niños que viven en condiciones de bajos ingresos, o en áreas rurales o en situaciones de marginación. Sin embargo, la calidad de la vida no sólo depende de superar la pobreza económica, sino del nivel cultural, la calidad de las relaciones humanas, y la calidad de las relaciones interpersonales entre las gentes, objetivos que podrían ser alcanzados a través de la educación.

También debemos destacar que unos 28 millones de niños que no van a la escuela viven en países afectados por el conflicto. Además, mucha gente vive en un entorno de violencia política, crimen organizado, tasas excepcionalmente altas de asesinatos o conflictos de menor intensidad. Este tipo de formas de la llamada “violencia menor” pueden causar tanta, sino más, destrucción que algunas guerras formales y conflictos civiles. La gente en tales situaciones, son doblemente propensas, en comparación con las que viven en sociedades desarrolladas, a estar desnutridas, tres veces más a estar privadas de educación, y dos veces más a morir en la infancia. Por esto, un profundo compromiso de la comunidad internacional con la paz, la reconciliación y la solidaridad puede ejercer una influencia positiva para llegar al disfrute del derecho de la educación universal.

Los derechos humanos fundamentales están interrelacionados y exigen el respeto del uno por el otro. En particular, el derecho a la educación no puede ser aislado de la promoción e implementación de una mayor justicia y equidad entre nuestras sociedades. Como afirmó el Comité ECOSOC, el derecho a la educación es “el epítome de la indisolubilidad e interdependencia de todos los demás derechos humanos” [1]. De acuerdo con el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la educación primaria debería ser obligatoria y de acceso gratuito para todos (art. 13, 2-4).

2. Los Estados tienen la esencial responsabilidad de asegurar la provisión de los servicios educacionales. Al mismo tiempo, el derecho a educar es una responsabilidad fundamental de los padres, iglesias y comunidades locales. Por esto, las instituciones públicas, especialmente a nivel local, organizaciones de la sociedad civil y también del sector privado, podrían ofrecer sus contribuciones únicas y respectivas para la consecución del acceso universal a la educación. En este contexto, la sociedad civil debería, también, proveer de servicios alternativos, implementar acciones innovadoras, y también ejercitar una función crítica que pueda movilizar las fuerzas sociales para asistir a los Estados en el desempeño de sus responsabilidades educativas respetando el principio de subsidiariedad. Por otra parte, el papel fundamental desempeñado por los programas educacionales de la sociedad civil debería ser reconocido y alentado. De hecho, el sistema educacional funciona correctamente cuando incluye la participación, en la planificación y en la implementación de políticas educacionales, de padres, familias y organizaciones religiosas, además de otras organizaciones de la sociedad civil y también del sector privado.

Durante siglos, los grupos religiosos han apoyado la educación básica y, de hecho, fueron las primeras instituciones que proveyeron de educación básica a las poblaciones más pobres. Deberíamos fijarnos, por ejemplo, en la experiencia y contribución directa de la Iglesia Católica en el área de educación. Hay unas 200.000 escuelas católicas de primaria y de secundaria localizadas en todos los continentes del mundo con unos 58 millones de estudiantes y 3'5 millones de profesores. Se caracterizan por un enfoque abierto y global, sin distinciones de raza, sexo o condiciones sociales. La persona humana siempre permanece en el centro de la tarea educativa, ya que la educación es genuina cuando humaniza y personaliza, de manera que, a cambio, la persona pueda humanizar al mundo, configurar la cultura, transformar la sociedad y construir la historia. En contacto cercano con las familias de estudiantes, cuya libertad para decidir la educación de sus hijos es un derecho natural, la escuelas católicas acompañan a los estudiantes hacia la madurez y la capacidad de tomar decisiones libremente, razonables, y basadas en los valores. Mientras custodien su identidad, estas escuelas dan la bienvenida a los estudiantes de todas las etnias y contextos religiosos y clases socio-económicas.

3.En nuestro mundo global, el papel clave de la educación se vuelve aún más esencial para permitir la coexistencia pacífica y el mutuo reconocimiento de todos los sectores de la sociedad. La simple transmisión de la información técnica es insuficiente. El objetivo de la educación ha de incluir en la formación de la persona, la transmisión de valores, como un sentido de la responsabilidad y social, un trabajo ético, un sentido de solidaridad con la toda familia humana.

En este proceso educacional, los Estados deberían respetar las elecciones que los padres hacen para sus hijos y evitar los intentos de adoctrinamiento ideológico. El Convenio sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que “Los Estados partes se comprometen con el presente Convenio a respetar la libertad de los padres... de escoger las escuelas para sus hijos, que sean distintas a las establecidas por las autoridades públicas... y asegurar la educación religiosa y moral en conformidad con sus propias convicciones”. [2] Y esto incluye el derecho a hacer juicios morales en temas morales. Las organizaciones religiosas están en una posición única para promover resultados equitativos para los niños y familias más vulnerables. Aún más, las instituciones educacionales a menudo llegan a estas comunidades, por ejemplo, en áreas remotas y rurales, que permanecen sin cobertura de las políticas gubernamentales. El continuo compromiso de las organizaciones religiosas en la promoción y aplicación del derecho de todas las personas a la educación básica y de buena calidad mejora la consecución de los objetivos de auténtica educación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para mejorara los resultados educacionales, la cooperación cercana entre padres y escuelas debe ser fomentada.

Señor Presidente,

4. Como se propone en el Documento Resultante , mi Delegación cree que el esfuerzo educacional global debería ser contextualizado socialmente dentro de un espíritu de justicia y a través de medidas prácticas que hacen que la educación se adapte al siglo XXI. Para lograr esto, por ejemplo, el estado y la sociedad civil deben asegurar una formación de alta calidad de los profesores para que consideren su papel como una misión especial y que su servicio sea reconocido de acuerdo a esto. Para alcanzar la meta deseada de acceso universal, todos los elementos de la sociedad deben participar. La sociedad civil, especialmente las organizaciones religiosas y las asociación de padres, están preparados para realizar su contribución, pero los recursos financieros públicos deben estar disponibles para asegurar la imparcialidad de su fuerte compromiso en el proceso educacional de acuerdo a las elecciones de los padres. Con respecto a los niños y jóvenes que ya han sido excluidos del sistema educacional, la sociedad les puede proveer de una “segunda oportunidad”; de nuevo son las organizaciones religiosas las más aptas para ese menester. Este esfuerzo extra dará beneficios futuros a la sociedad en término de prevención de crímenes, comportamientos desordenados y tasas altas de de desempleo. La información y la tecnología de la comunicación, mantenida a bajo coste, puede abrir un nuevo capítulo en la preparación de nuevas posibilidades, la educación móvil, así como la gestión de la misma.

5. Los políticos tienden a considerar la educación como una clave para la supervivencia económica. Habilidades tales como la alfabetización y la aritmética combinados con hábitos de la mente como la creatividad convierte la educación en algo funcional para la economía. Pero el horizonte necesita ampliarse. Como el Papa Benedicto XVI observa: “...la persona crece en la medida en la que experimenta lo que es bueno y aprende a distinguirlo del mal, más allá del cálculo que considera sólo las consecuencias de una acción sencilla o que utiliza como criterio de juicio la posibilidad de hacerlo”. La responsabilidad educativa de todos los que tienen en el corazón la ciudad del hombre y el bienestar que las generaciones futuras requiere un compromiso continuo de una educación primaria accesible también por su calidad. La educación secundaria y superior debería ser también disponible y accesible. La educación, de hecho, no está sólo “dirigida hacia el total desarrollo de la personalidad humana y el sentido de su dignidad”, pero esto es también un medio para la participación del individuo en una sociedad libre y un instrumento que promueve la comprensión mutua y “la amistad entre todas las naciones y todas las razas, etnias o grupos religiosos” [3]. Un objetivo no menos fundamental de la educación es la transmisión y el desarrollo de los valores morales y culturales comunes en cuya referencia el individuo y la sociedad encuentra su identidad y su valor.

Señor Presidente,

Llegar al objetivo de educación internacional de manera que los chicos y las chicas de todo el mundo puedan recibir una educación primaria total es un requisito ineludible. La imposición de condicionamientos económicos que afectan a este objetivo pudo ser la solidaridad mal calculada. La apertura a las asociaciones de la sociedad civil y del sector privado pueden contribuir eficientemente al objetivo común, cuando la equidad en el reparto de recurso se tiene en cuenta. En conclusión, esta es la misma preocupación que mueve a todos los interesados a actuar en nuestro mundo cambiante e interconectado, para hacer que los niños y los jóvenes tengan una mayor esperanza para el futuro.

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[1] Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1999, par. 2.

[2] Convenio Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976, art. 13, 3.

[3] Ibid., art 3, 1

[Traducción del inglés por Carmen Álvarez]