Los obispos venezolanos, contra la “agenda totalitaria” del Gobierno

Piden que se respete la Constitución y la voluntad ciudadana

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CARACAS, miércoles, 12 enero 2011 (ZENIT.org).- Al final de su XCV Asamblea, los obispos de Venezuela han dirigido a todos los miembros de la Iglesia católica y personas de buena voluntad una exhortación pastoral titulada “Anhelos de unión, justicia, libertad y paz para Venezuela”, cuyo texto completo se puede encontrar en la sección de documentos del servicio informativo de hoy.

Como en otros mensajes, los prelados del país caribeño comparten su “preocupación sobre la actual situación del país”y desean “iluminar a la luz del Evangelio de Jesucristo, de la Doctrina Social de la Iglesia y de los principios éticos universales, la difícil coyuntura histórica que vive hoy” el país.

Su llamada “a la unidad, la libertad y la paz”, dicen, “quiere ser una contribución al entendimiento político y social, a la edificación de una sociedad fundamentada en el respeto a la vida y a la dignidad de toda persona, en el imperio de la verdad y de la justicia, en el pluralismo, la inclusión social y la democracia”.

Expresan su solidaridad con los damnificados por las lluvias en 2010 y denuncian “la carencia de una política de prevención y de planificación sostenida”, aunque dan gracias a Dios “por la solidaridad y diligencia” del Gobierno a todos los niveles y de iniciativas privadas. Recuerdan que la Iglesia católica canalizó toneladas de ayuda.

Pasada la emergencia, “es necesario –apuntan- que el Estado realice un trabajo serio, responsable y eficaz para solucionar problemas estructurales de vialidad y vivienda”. Piden también “a los agentes de pastoral y a los grupos apostólicos, organizarse para continuar aliviando el sufrimiento de nuestros hermanos”.

El 5 de julio de 2011 Venezuela celebra el Bicentenario de la Declaración de Independencia. Los pastores subrayan que la solemne Declaración de 1811 “comenzaba invocando y poniendo a Dios por testigo de la rectitud de sus propósitos, manifestando explícitamente su ubicación dentro del marco espiritual de la tradición cristiana e inspirándose en ideales de libertad y de justicia, de unidad y de paz”.

Los obispos consideran “un ineludible imperativo ético y legal el respeto a la letra y al espíritu de la Constitución vigente”. Según los pastores, el Gobierno y la Asamblea Nacional están dando prioridad a “una agenda ideológica destinada a la implantación de un sistema socialista y totalitario de Estado y de gobierno contrario a la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”. Recuerdan que una propuesta similar fue rechazada en el referéndum del 2 de diciembre de 2007.

Lamentan que se haya dictado una ley habilitante que confiere poderes especiales al Presidente para legislar durante 18 meses con la justificación de la gravísima emergencia de infraestructura en vialidad y viviendas provocada por las lluvias”, pero aclaran que ciertos “poderes especiales” no tienen nada que ver con esta emergencia.

La Asamblea Nacional, en  menos de un mes, aprobó veinticinco  leyes, muchas de las cuales contienen disposiciones que, según los obispos, “restringen derechos y garantías de los venezolanos, e incorporan propuestas de la reforma a la Constitución  que fueron rechazadas por el pueblo en el referéndum del 2 de diciembre de 2007”.

Entre otras, señalan las llamadas “leyes del Poder Popular”, que dan atribuciones a “comunas, directamente vinculadas al Ejecutivo Nacional, con menoscabo de la forma federal descentralizada del Estado, pues no se corresponden  con la organización político-territorial de la República establecida en la Constitución, crean unas estructuras nuevas, con un contenido ideológico excluyente, centralizador y presidencialista, e invaden el ámbito de competencias de las Gobernaciones, Alcaldías y Parroquias”.

Así mismo, leyes relacionadas con las telecomunicaciones y la responsabilidad social de radio y televisión, con partidos políticos, con las universidades que “conllevan limitaciones a derechos fundamentales de los ciudadanos, condicionan la libertad de conciencia y pretenden afianzar el pensamiento único y la hegemonía  comunicacional del Gobierno”.

Por otra parte el Ejecutivo prosigue las expropiaciones, dicen los prelados, “sin cumplir los procedimientos establecidos en la Constitución, atentando así contra la propiedad, derecho inalienable y constitucional de cualquier persona”.

Las nuevas leyes, opinan, “poco tienen que ver con los problemas reales del país”, que los obispos enumeran en su documento. “En vez de resolver estos problemas, las recientes leyes crean una gravísima situación política, pues con ellas se pretende imponer a los venezolanos un sistema socialista estatizante y totalitario, que amplía el círculo de la pobreza, y agudiza la dependencia del pueblo respecto de un poder centralista”, aseguran.

“Las autoridades del Estado –advierten- no pueden asumir el control total de la vida de las personas, y tampoco establecer las condiciones para eternizarse en el ejercicio del poder. Es contrario a los valores cristianos, a los derechos humanos y al sentido común destruir al que piensa diferente, o condenarlo al silencio”.

Por ese motivo llaman al Gobierno Nacional y a los dirigentes del partido de gobierno a que “tomen conciencia de la peligrosa situación  que están generando, y de la gravísima responsabilidad que tienen ante Dios y ante el país”.

A los otros actores políticos los convocan “a trabajar firme y democráticamente en defensa de los derechos de los ciudadanos descartando cualquier tentación de fuerza”. “A quienes se sienten agredidos y angustiados por la actual situación política les corresponde constitucionalmente participar en forma responsable y activa, de manera pacífica y democrática, pero firme y decidida, en la promoción y defensa de sus irrenunciables derechos, de la libertad, de la justicia y de la paz”, exhortan.

“Todos los ciudadanos y, de manera particular los cristianos, estamos llamados a dar nuestra contribución al bien común, exigiendo con firmeza el respeto del orden constitucional y legal, y colaborando  a la resolución pacífica de los conflictos”. Manifiestan su “indeclinable disponibilidad a trabajar por Venezuela, a ser factores de unidad, y a ejercitar y a promover el diálogo constructivo entre todos los sectores de la sociedad”.

Piden, por último a todos los sectores políticos y sociales descartar la violencia verbal, legal o física como medio para resolver los problemas. Llaman a desterrar el odio y la discordia, el revanchismo  el insulto y las consignas de muerte. “Se ha de respetar incluso a quienes tienen opiniones políticas diferentes. Todo se pierde con la violencia. Todo se gana con el respeto, el diálogo y el encuentro  cívico y fraterno”, concluyen.