México: La Iglesia insta a las autoridades resolver el drama de la violencia

Los obispos hacen suyo el dolor que experimentan las víctimas en todo el país

Roma, (Zenit.org) Rocío Lancho García | 491 hits

Los obispos mexicanos han reflexionado "acerca de los retos y oportunidades que enfrentamos los mexicanos, tratando de encontrar la forma específica en que la Iglesia católica puede contribuir al desarrollo integral de las personas y al auténtico progreso de nuestra patria". Ha sido en la Sede de la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde tuvo lugar ayer, 21 de enero, la VII Reunión del Consejo Permanente, integrado por el Consejo de Presidencia y los Obispos que representan a las 18 provincias eclesiásticas de la República Mexicana.

Así, los prelados manifiestan que hacen suyo "el dolor que experimentan quienes son víctimas de la violencia, en distintas zonas de nuestro país, particularmente en Michoacán". También han reconocido "la cercanía y solidaridad de los obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos de aquella región con quienes sufren, así como los grandes y valientes esfuerzos que están haciendo para contribuir a la pacificación del lugar". 

En el comunicado publicado por los obispos de México hacen suyo lo expresado por monseñor Miguel Patiño Velázquez, obispo de Apatzingán, quien en su Carta Pastoral del pasado 15 de enero, "con honestidad y valentía, ha señalando que la gente espera una acción más eficaz del Estado en contra de los que están provocando este caos”, y ha pedido “a los políticos, al gobierno y al Secretario de Gobernación” que “den a los pueblos de nuestra región signos claros de que en realidad quieren parar a la máquina que asesina”.

Por todo ello, exhortan a las autoridades "a un trabajo coordinado que resuelva de manera integral e incluyente el drama de la violencia que aqueja a tantas personas y familias, a fin de que los ciudadanos puedan vivir en paz, como es su derecho".

Finalmente, reiteran el compromiso y la disposición de la Iglesia católica "a seguir colaborando en la atención pastoral de las víctimas de la violencia y en la reconstrucción del tejido social, favoreciendo una cultura del respeto al estado de derecho y de la paz".

“Quienes han seguido esta escalada de la violencia en Michoacán, saben muy bien que la cruenta guerra entre criminales donde aparecían mantas, cuerpos desmembrados y horror, fue descuidada con el típico 'aquí no pasa nada' y 'sólo es un problema' entre capos y sicarios sin afectar a los civiles. Después, las cosas se elevaron cuando las agresiones se extendieron a otros Estados y los criminales tomaron el vacío de poder causado por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ocuparon las actividades económicas, se adueñaron del producto del trabajo y, más grave aún, manejaron y administraron plazas enteras fuentes de la riqueza ilícita no sólo proveniente de las drogas. La corrupción y la ausencia de la autoridad estatal movió a los ciudadanos indispuestos a seguir cooperando con las lacras que además de despojarles, los sumieron en el miedo y tomaron las armas expandiendo sus redes de protección a otros municipios”.
 Con estas palabras, la archidiócesis de México explicaba lo que está sucediendo a la comunidad nacional en el estado de Michoacán.

Ayer mismo se dio a conocer un nuevo caso de violencia en la región. Cinco personas fueron asesinadas este lunes en el estado mexicano de Michoacán. Los cadáveres corresponden a una mujer de entre 55 y 60 años, otra mujer de unos 25, un hombre de unos 30 años, un niño de dos años y una niña de un mes, hallados con impactos de bala.

La semana pasada el Gobierno de México comenzó una operación para restablecer la seguridad en la región de Tierra Caliente - al sur de Michoacán - , escenario de una pugna del cártel de las drogas de Los Caballeros Templarios y grupos civiles de autodefensa.

Por otro lado, el Ejecutivo mexicano ha definido junto a los gobernadores de los Estados limítrofes de Michoacán un plan para hacer frente a la violencia. En el acuerdo están previstas operaciones coordinadas por las fuerzas de seguridad locales, con el apoyo de la policía federal, la marina y el ejército para evitar que las bandas de narcotraficantes extiendan su actividad a las regiones cercanas.