Obispos de México en defensa de los más pequeños

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LAGO DE GUADALUPE, jueves, 19 abril 2007 (ZENIT.org-El Observador).- Los obispos mexicanos, reunidos en la 83 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, han salido al paso a la intensa campaña de la mayoría de izquierda de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para introducir una quinta causal y despenalizar, aún más, el aborto en la capital del país.



La «quinta causal» se refiere al derecho que podrán tener las mujeres de abortar durante las 12 primeras semanas de gestación si consideran que «el producto» interfiere u obstaculiza su desarrollo integral y su proyecto de vida, lo cual es considerado por la Iglesia católica como una brutal aberración.

Los obispos mexicanos han emitido un importante comunicado manifestando --una vez más- la postura innegociable a favor de la vida que tiene la Iglesia católica y, al mismo tiempo, la defensa de los más débiles y los más pequeños del reino de Dios. Cabe agregar que el partido que más ha promovido estás iniciativas (que también incluyen la eutanasia y las "sociedades de convivencia), el PRD, ha establecido una batalla contra la Iglesia que no tiene precedente en los años de la democracia mexicana.

A continuación reproducimos completo el documento de la Conferencia del Episcopado Mexicano:

En defensa de los más pequeños




Los Obispos mexicanos, reunidos en Asamblea Plenaria, nos dirigimos al Pueblo de México para compartir nuestra grave preocupación sobre el tema de la Vida, y exhortar a su defensa, como lo hicimos en el año 2000, en nuestra Carta Pastoral Del Encuentro con Jesucristo a la Solidaridad con Todos: «Por lo que se refiere al derecho a la vida, es preciso denunciar el estrago que se hace de ella en nuestra sociedad: además de las (…) diversas formas de violencia, hay muertes silenciosas provocadas por el hambre, el aborto, la experimentación sobre los embriones y la eutanasia».

Vivimos días de constantes iniciativas, declaraciones y medidas concretas para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, y de manera contrastante, como sociedad estamos dejándonos invadir por modos de pensar y actuar que van configurando una «cultura de la muerte». No se trata tan sólo del fenómeno de la violencia que sufrimos en diferentes partes de nuestra Nación, sino de normas legales que pretenden consagrar principios contrarios al derecho fundamental de la vida. Aún en la sociedad mexicana, caracterizada por la humanidad y la fe de su gente, por los esfuerzos en defensa de la vida y la familia; se escuchan voces en favor de la legalización del aborto, en nombre de una mal entendida libertad y defensa de la mujer.

Ninguna motivación, por legítima que parezca, justifica el aborto directamente provocado. Nadie es propietario de la vida de un ser humano, ni siquiera el padre o la madre; y nadie puede ponerse en lugar del ser concebido para preferir en su nombre la muerte o la vida (cfr. Declaración de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el aborto, Nro. 14, l8.XI.74).

La defensa de la vida no parte de un dogma religioso, sino de un principio de derecho natural, accesible a la razón, fundado en la realidad del hombre y su dignidad, y que, en consecuencia, no es una verdad dependiente de solas convicciones religiosas. La defensa de la vida humana desde su concepción ha sido asumida por la misma ciencia. Es la ciencia la que nos confirma que aun antes de nacer, el ser concebido es una persona, y sujeto de pleno e inalienable derecho a la vida. El deber de la sociedad es protegerlo adecuadamente. Los códigos civiles de varios estados, e incluso el del Distrito Federal así lo entienden y lo establecen; «Desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido» (Artículo 22 del Código Civil del DF). Negar este deber del ordenamiento jurídico es arbitrario e ilegal.

Es claro que como pastores no nos podemos desentender de las personas en delicadas y penosas situaciones que afectivamente podrían impulsarlas a la drástica decisión del aborto. De ellas debemos preocuparnos efectivamente con justicia, amor y solidaridad. No obstante; tampoco estos casos nos pueden hacer vacilar en la protección de quien sin culpa alguna sería llevado a la muerte. Por los casos que en el ejercicio de nuestro ministerio nos ha tocado acompañar, los Obispos sabemos del daño que produce en la conciencia y en la mente de una mujer la realización de un aborto. Lo que parecía una solución, no fue más que la agudización de un conflicto interno. Es una doble cruz que le imponemos cuando estamos más atentos a eliminar un «problema» (aunque este sea una personita), que a legislar para asegurar a todas las madres la posibilidad de criar a sus hijos en un marco de seguridad social, o permitir que puedan dar su hijo en adopción sabiendo que tendrá el amor y la atención necesarias para crecer sano, desplegando todos las potencialidades que lleva en su código genético desde el momento de la fecundación y que su madre biológica, por alguna limitación no puede brindarle. En esta línea, son muchas las iniciativas que se podrían y deberían discutir en favor de la vida del niño por nacer y de su madre, sin desproteger a ninguno.

Tienen razón aquellos que afirman que esta ley no obligaría a nadie a abortar, pero también es verdad que "las leyes desempeñan un papel muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad y de unas costumbres" (Juan Pablo II, Evangelium Vitae, nº 90). Por eso es difícil aceptar la contradicción en el hecho de que legisladores que fueron elegidos para preservar el bien común, legislen violando el derecho natural a la vida de un inocente. Cualquier legislación en favor del aborto es una contradicción con la función propia del Estado, que existe total y exclusivamente al servicio de la persona y de la comunidad. El Estado no es fuente originaria de los derechos innatos e inalienables de la persona, ni creador y árbitro absoluto de esos derechos, a los que debe reconocimiento, tutela y promoción.

Autorizando el aborto, el Estado introduciría el principio que legitima la violencia contra el inocente indefenso, y, por lo tanto, renunciaría a defender el derecho de los más débiles, dejando de ser "Estado de Derecho" para convertirse en un Estado de la «ley del más fuerte».

Como pastores de la Iglesia Católica que peregrina en México hacemos un llamado a la sociedad entera a custodiar y transmitir los grandes valores del hombre, es necesario que las familias, las instituciones culturales y educativas, así como los responsables de los medios de comunicación social contribuyan a sostener en la conciencia de nuestro pueblo la estimación de la vida humana desde sus comienzos. Tenemos la esperanza de que nuestro pueblo pueda superar estos momentos de debate permaneciendo fiel a sus convicciones en favor de la vida y de la paz. Actuar en contra de estos principios, como dice el Papa Juan Pablo II, «podría llevar a la humanidad hacia una derrota, y cuya primera victima sería el hombre mismo» (cfr. Carta a los Jefes de Estado; 9.III.1994).

Pedimos a la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios, que custodie en su pueblo el amor a la vida, y lo acompañe en su amorosa lucha por defenderla. Los saludamos con todo afecto, rezamos por ustedes y les damos nuestra bendición de pastores que, junto a ustedes, quieren estar siempre del lado de la vida.

Por los Obispos de México,
+ Carlos Aguiar Retes
Obispo de Texcoco
Presidente de la CEM

+ José Leopoldo González González
Obispo Auxiliar de Guadalajara
Secretario General de la CEM