República Democrática del Congo: emergencia humanitaria

Más de veinte mil personas huyen a Goma

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GOMA/ROMA/WASHINGTON DC, lunes 7 mayo 2012 (ZENIT.org).- "Resulta casi imposible creer que, año tras año, se siga acabando con las vidas de la gente en el este del Congo. La comunidad internacional debe comprometerse y garantizar la seguridad de esta región y que, por fin, se vea libre de los grupos armados, interesados sólo en sus recursos naturales, que impiden a civiles inocentes vivir en paz", dijo el director regional del Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR) Grandes Lagos, Tony Calleja SJ.

El padre Calleja estuvo hablando de la crisis humanitaria que estalló en Kivu Norte la semana pasada, tras los violentos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y un elevado número de desertores leales al general Bosco Ntaganda, contra quien el Tribunal Penal Internacional ha presentado una orden de arresto por crímenes contra la humanidad y reclutamiento de niños soldados.

Desde el 29 de abril de 2012, al menos veinte mil personas han huido de sus aldeas hacia Goma, la capital de la provincia de Kivu Norte, y otras 3.500 han cruzado la frontera hacia Ruanda.

"Las cifras exactas son probablemente mucho más altas. Tenemos buenas razones para creer que al menos treinta mil personas están buscando refugio en otras áreas de esta provincia congoleña", siguió el padre Calleja.

"Aparte de buscar soluciones concretas a largo plazo por parte de la comunidad internacional a esta emergencia, confiamos en que el ejército congoleño recupere el control de la situación lo antes posible para permitir que miles de hombres, mujeres y niños regresen al lugar donde tienen derecho a estar: sus propios hogares", añadió el padre Calleja.

La violencia particularmente virulenta de los ataques perpetrados por grupos armados locales y extranjeros está en los primeros puestos de la lista en cuanto a causas por las que la gente huye de Kivu Norte. Estos grupos son responsables de los más abominables abusos a los derechos humanos: violaciones de mujeres y niñas, así como la expropiación de tierras y pertenencias de los pobladores locales. El Consejo de Seguridad de la ONU también ha condenado la situación y ha pedido a los rebeldes que depongan las armas como una condición necesaria para la recuperación de la seguridad.

"Miles de personas han llegado a Goma en los últimos días. Más de siete mil han encontrado seguridad en el campamento de Mugonga III camp, creado tras la crisis de 2008. Otros han hallado refugio en casas de amigos y de familiares, así como en una iglesia protestante y en una escuela cercana. Sus necesidades humanitarias son enormes, en particular el acceso al agua potable, a unos saneamientos adecuados, comida y otras necesidades básicas", dijo el director del SJR en la República Democrática del Congo, Romeo Cagatin SVD.

"Por ahora, hemos centrado nuestra asistencia en las personas que han buscado acogida en iglesias, preparando la distribución de alimentos y el suministro para cubrir otras necesidades", añadió el padre Cagatin.

Si bien la guerra en el Congo terminó oficialmente en 2003, los enfrentamientos entre los grupos rebeldes y las fuerzas armadas en Kivu Norte han continuado. Según las cifras presentadas a principios de 2012, de los más de dos millones de desplazados internos en el país, más de medio millón viven en Kivu Norte.

Los equipos del SJR presentes dentro y fuera de los campamentos para desplazados en Masisi y Mweso ofrecen tres tipos de servicios: educación en escuelas de secundaria, educación informal para mujeres y niñas y ayuda de emergencia a desplazados – ancianos, enfermos, huérfanos, viudas, mujeres embarazadas– en condiciones de vulnerabilidad.

El SJR ha puesto en marcha un proyecto de ayuda de emergencia en respuesta a los espontáneos movimientos de población. Estos proyectos se centran en el suministro de servicios educativos a los niños de educación primaria, a la distribución de alimentos y otras necesidades básicas.

El Servicio Jesuita a Refugiados trabaja en más de 50 países en todo el mundo. La organización emplea a más de 1.400 personas: laicos, jesuitas y otros religiosos para responder a, entre otras, las necesidades educativas, sanitarias y sociales de más de 650.000 refugiados y desplazados, de los que más de la mitad son mujeres. Sus servicios se ofrecen a los refugiados sin distinción de raza, origen étnico o creencias religiosas.