Salvador: La Iglesia pide combatir el crimen con una política de empleo

Intervención del arzobispo capitalino ante miembros del gobierno

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SAN SALVADOR, 8 agosto (ZENIT.org).- La Iglesia católica instó el pasado domingo, 6 de agosto, al gobierno del presidente Francisco Flores a combatir la crisis de violencia que vive El Salvador con una política de empleo y salarios justos.



Durante los oficios religiosos, celebrados en la catedral metropolitana de San Salvador para cerrar las fiestas patronales del país en honor al Divino Salvador del Mundo, el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle afirmó que para enfrentar la «cultura de la violencia que vivimos, todas las instituciones del Estado tienen que funcionar bien».

«La generación de empleos y salarios justos son puntos concretos que obviamente hay que tratar de mejorar mucho, porque son, en definitiva, la clave de la problemática social» que vive El Salvador, dijo el prelado en la homilía.
Al oficio religioso, asistieron el propio presidente Flores, parte del gabinete ministerial y los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Suprema Corte de Justicia.

El arzobispo Sáenz Lacalle, quien estaba acompañado por todos los obispos del país, lamentó que la ola de violencia y criminalidad que vive El Salvador se haya convertido en «una manera de vivir, en una cultura de la violencia».

«La experiencia cotidiana deja claro que somos una sociedad violenta, aunque nos duele reconocerlo,... se ha convertido en un estilo de vida», remarcó el arzobispo.

El tema de la violencia generalizada, atizada en los últimos meses por una ola de secuestros, atracos cometidos por bandas organizadas que utilizan armamento sofisticado y la participación de oficiales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acapara actualmente la opinión pública nacional y los principales espacios de los medios de comunicación.

El país se estremeció recientemente cuando el gobierno reconoció que más de 200 elementos de la PNC, creada en 1992 por mandato de los acuerdos de paz que terminaron con la guerra civil, fueron vinculados con el crimen organizado o señalados por denuncias y quedaron sujetos a un plan de depuración anunciado por el presidente Flores.
Un grupo de policías fue acusado en los últimos días del secuestro de un empresario y del atraco en un hotel capitalino. Estos dos últimos sucesos tuvieron lugar cometidos a plena luz del día y utilizando el equipo y un vehículo de la institución policial.

La ola de delincuencia mantiene divididos a los salvadoreños, entre los que reclaman leyes mas represivas y la pena de muerte, y quienes demandan el combate de la violencia estructural y mayor voluntad política del gobierno para atacar el crimen organizado.

«Hay que pedir a las autoridades que para resolver estos problemas no se busquen soluciones que afecten la dignidad humana», dijo el arzobispo de San Salvador, quien recordó que «la violencia también es pobreza, por la falta de oportunidades, para que los jóvenes puedan realizar sus mejores ideales». El prelado señaló también que para luchar contra el crimen es decisivo fomentar los valores humanos en la familia y la escuela.