Santa Sede: Los grupos de atención sanitaria confesionales son excluidos

El observador vaticano en la ONU pide un justo reparto en decisiones y recursos

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GINEBRA, lunes, 17 marzo 2008 (ZENIT.org).- Las Santa Sede urgió a las Naciones Unidas a reconocer el papel clave que las organizaciones confesionales desempeñan en la atención a la salud, y a proteger el derecho de estos grupos a participar en los recursos.

El arzobispo Sivano Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la Oficina de Naciones Unidas e Instituciones Especializadas en Ginebra, hizo este llamamiento el pasado 11 de marzo, en la 7ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La sesión se celebra hasta el 28 de marzo en la sede de la ONU en Ginebra.

«La Santa Sede reconoce la necesidad de asegurar acceso a asistencia espiritual entre aquellas condiciones que garantizan el pleno disfrute del derecho a la salud», afirmó hablando sobre el derecho a la salud.

El prelado centró su atención en el papel dado a las instituciones confesionales en asegurar el derecho a la salud.

«El informe da la definición de la OMS [Organización Mundial de la Salud] de ‘sistemas de salud' que incluye ‘todas las organizaciones, personas y acciones cuya pretensión primaria es promover, restaurar o mantener la salud -indicó el arzobispo--. Además, mientras se discuten las pre-condiciones para un enfoque de ‘derecho a la salud' que refuerce los sistemas de salud, señaló el derecho de todos los individuos y comunidades a una participación activa e informada en temas relativos a su salud».

A este respecto, el arzobispo Tomasi dijo que su delegación «desearía centrarse en el papel clave que puede y debería concederse a las organizaciones religiosas como importantes cointeresadas en el fortalecimiento de la infraestructura de salud».

Explicó: «Tales organizaciones a menudo asumen responsabilidad significativa por la carga de la prestación de atención sanitaria, muy especialmente a los sectores más pobres de la población y a aquellos que viven en áreas rurales. Demasiado a menudo, sin embargo, a estos proveedores de servicios confesionales no se les da un ‘lugar en la mesa' durante la formulación de los planes de atención sanitaria a nivel nacional y local.

«También son privados de una participación equitativa en los recursos, tanto de los presupuestos nacionales/locales como de donantes internacionales. Tal financiación es esencial para facilitar el mantenimiento de los actuales sistemas de salud; la preparación, reclutamiento y retención de equipo profesional; así como el progreso necesario para afrontar el peso creciente de pandemias globales tales como el VIH, tuberculosis, malaria y otras infecciones y enfermedades no contagiosas que afectan desproporcionadamente a los sectores más pobres de la sociedad».

El arzobispo Tomasi dio la bienvenida a la inclusión de «no discriminación» entre las obligaciones básicas de los sistemas de salud enumeradas en el informe, y el «énfasis en la obligación de los estados de afrontar las necesidades particulares de los individuos, comunidades y poblaciones con menos oportunidades y llegar a quienes viven en la pobreza».

Pero, advirtió, «respecto a quienes necesitan una especial protección, nunca ignoremos o deneguemos el verdadero derecho a la vida entre aquellos cuyas condiciones son más vulnerables y pueden depender enteramente de ser salvaguardas por otros. En particular los niños en el seno y quienes sufren enfermedades graves y que amenazan la vida».

«Mientras que el informe reclama que ‘algunos derechos humanos son absolutos', es la firme convicción de mi delegación --afirmó--, que no se puede hacer ninguna componenda con el derecho de la persona a la vida misma, desde la concepción hasta la muerte natural, ni con la capacidad de la persona de disfrutar la dignidad que emana de este derecho».

Traducido del inglés por Nieves San Martín