Turquía restituirá las propiedades confiscadas a las minorías religiosas

Sin embargo, el decreto no abarca a los católicos latinos

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ROMA, martes 30 de agosto de 2011 (ZENIT.org).- En su discurso tras la nueva victoria del AKP (Partido por la Justicia y el Desarrollo) en las elecciones legislativas del 12 de junio pasado, el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan había prometido trabajar por todos los ciudadanos de su país, de todas las religiones y todos los estilos de vida. Y parece que esta vez en Ankara se quiere hacer en serio. El gobierno Erdogan ha aprobado, de hecho, un decreto ley para la restitución a las minorías cristianas y a la judía las propiedades confiscadas desde 1936 en adelante.

El nuevo decreto entró en vigor el pasado sábado 27 de agosto tras su publicación en la gaceta oficial de Ankara, como anunciaron los medios de comunicación turcos, entre ellos la emisora NTV y el diario en lengua inglesa Today's Zaman, que lanzaron la noticia sólo pocas horas después de la cena-fiesta del Iftar – la rotura del ayuno durante el mes de Ramadán – organizada el domingo 28 de agosto por primera vez en honor de Erdogan por el representante de las minorías ante la Dirección general de las Fundaciones religiosas, Lakis Vingas, conocido representante de la comunidad ortodoxa. En el acontecimiento, que tuvo lugar en el Museo arqueológico de Estambul y que ha sido definido como un "novum" en la historia de Turquía por la revista alemana especializada en temas de migración y de integración MiGAZIN (29 de agosto), participaron los representantes de 161 fundaciones no musulmanas.

La nueva normativa sanciona que todas las minorías reconocidas en el cuadro del Tratado de Lausana, firmado en julio de 1923 en Ankara por el entonces nuevo gobierno de Mustafa Kemal Atatürk, tienen un año de tiempo para pedir la restitución de todas las propiedades registradas como pertenecientes a las fundaciones religiosas en el censo de 1936 y confiscadas sucesivamente por el Estado turco. Dado que el Tratad de Lausana reconocía oficialmente como “minorías” sólo a las no musulmanas históricamente presentes en el territorio turco, es decir, armenios, greco-ortodoxos y judíos, significa que el decreto no contempla por ejemplo la restitución de los bienes inmiebles expropiados a los católicos latinos. Según Radio Vaticano (29 de agosto), los católicos caldeos sí podrán, en cambio, beneficiarse del decreto.

El texto prevé no sólo la devolución de los edificios censados en 1936, sino también de los cementerios e incluso de los manantiales pertenecientes a las fundaciones no musulmanas. Como explica AsiaNews (29 de agosto), se restituirán también los bienes inmobiliarios con títulos de propiedad no definidos, como por ejemplo los de monasterios y parroquias, que no tienen personalidad jurídica y que por tanto no existen para la ley turca. Se estima que alrededor de mil propriedades inmobiliarias serán restituidas a los greco-ortodoxos, unas cien a los armenios y varias a los judíos. Según Today's Zaman (28 de agosto), al menos 157 casas, 21 complejos de apartamentos, una fábrica, tres cementerios y tres locales nocturnos volverán al Hospital Griego de Balikli, un barrio de Estambul. La normativa establece además que las fundaciones no musulmanas serán resarcidas si mientras tanto las propiedades confiscadas hubiesen sido vendidas a terceros. Según los cálculos de los medios de comunicación locales, esta última operación podría costar al Estado turco alrededor de 700 millones de euros (Domradio, 30 de agosto).

El propio Erdogan explicó la decisión de su gobierno - definida por AsiaNews como un "coup de théâtre" (golpe de efecto) – como un paso en la lucha contra las injusticias del pasado y contra la exclusión y la desigualdad en Turquía. "Los tiempos en los que nuestros ciudadanos eran oprimidos a causa de su fe, de su etnia, de su vestimenta o estilo de vida del pasado, pertenecen al pasado de nuestro país", dijo el ex alcalde de Estambul durante la cena del Iftar (MiGAZIN, 29 de agosto). “Los 74 millones de personas que viven en este país son ciudadanos de primera clase y son a nuestros ojos – con todas sus diferencias – iguales", prosiguió el político del AKP.

Las declaraciones del primer ministro suscitaron reacciones muy positivas, como demuestran las palabras del rabino jefe de Turquía, Ishak Haleva. "Es un hecho extraordinario. Hoy es una jornada histórica. La luz del Imperio otomano continua brillando", dijo Haleva, que habló de “corrección de una injusticia”.

Entusiasta fue también el comentario de uno de los más conocidos empresarios de Turquía, Ishak Alaton, que calificó la jugada del gobierno como “una especie de revolución”, que “allana el camino hacia la paz social". Según el exponente de la comunidad judía, "hasta hoy habíamos hablado siempre de ciudadanos de primera y de segunda clase. Pero hoy hemos dejado a la espalda esta discriminación. Ahora todos serán iguales”.

También se declaró satisfecha la abogada Kezban Hatemi, comprometida desde hace tiempo en la defensa de los intereses de las minorías, entre ellas la católica. “Este es un primer paso en la historia de la República turca y una jugada muy significativa", dijo a Today's Zaman. Según Hatemi, “esto es el restablecimiento de un derecho. Se trata de una medida requerida por el Tratado de Lausana, y que hace sentir a los ciudadanos no musulmanes de Turquía como ciudadanos con la misma igualdad”.

Para el director de la Oficina para los Derechos humanos de la organización católica alemana Missio, Otmar Oehring, que desde hace años sigue de cerca la situación de las minorías religiosas en Turquía, si el decreto es ratificado, será un paso “valiente y también sorprendente" (Domradio, 30 de agosto).

Al coro de "síes" se ha unido también el presidente de la Conferencia Episcopal de Turquía, monseñor Ruggero Franceschini. Aunque la comunidad de los católicos latinos queda fuera de las disposiciones del decreto, afirmó acoger la noticia “con alegría" (Radio Vaticano, 29 de agosto).

Para los analistas, la decisión debe leerse a la luz de las recientes condenas infligidas a Turquía por el Tribunal Europeo de los Derechos humanos. Al final de una batalla comenzada en 2007, el tribunal con sede en Estrasburgo condenó, en junio de 2010, al país a devolver el orfanato de Büyükada, en la homónima isla del Mar de Mármara, al patriarcado ecuménico de Costantinopla. La sentencia se consideró de “grandísima importancia" (AsiaNews, 16 de junio de 2010) porque comportaba el reconocimiento explícito del estatus jurídico del Patriarcado.

No hay que excluir que Erdogan – dotado de una gran intuición política – haya querido jugar anticipadamente e impedir un recurso al Tribunal de Estrasburgo por parte de otras entidades cristianas, por ejemplo los monjes del monasterio siro-ortodoxo de Mor Gabriel (cfr. ZENIT, 14 de febrero). Además de perder una parte de sus tierras, el monasterio, situado en el sureste de Anatolia corre el riesgo de tener que abatir los poderosos muros que lo protegen de ataques y ladrones. “No queremos más bellas palabras, sino hechos”, había declarado el metropolita Mor Timotheus Samuel Aktas tras un decepcionante encuentro con Erdogan, celebrado el pasado mes de abril (Domradio, 2 de junio).

"Si el gobierno no hubiese tomado ninguna iniciativa, Turquía habría tenido que afrontar severas sanciones del Tribunal Europeo", dijo a Today's Zaman el sociólogo Ayhan Aktar, autor de varios libros sobre las minorías en su país. Además, se podría considerar el decreto un as en las manos de Erdogan en las conversaciones con Bruselas sobre la entrada de Turquía en la Unión Europea. En varias ocasiones, la UE ha pedido a Ankara pasos para eliminar las discriminaciones hacia las minorías religiosas. En una primera reacción, un portavoz del Comisario para la ampliación de la UE, Stefan Füle, habló de un paso “positivo y oportuno" (Domradio, 30 de agosto). "La Comisión europea vigilará con atención sobre el cumplimiento de la nueva ley, manteniéndose en contacto tanto con las autoridades turcas como con las comunidades religiosas no musulmanas”, añadió el portavoz.

Un funcionario del gobierno griego se mostró más cauto. “Ha habido al menos cinco ocasiones en las que se han aportado modificaciones a la legislación actual desde cuando el AKP está en el gobierno, pero no han sido muy satisfactorias en la práctica”, dijo el representante de Atenas, que prefirió mantener el anonimato (The New York Times, 28 de agosto). “Esperamos que esta vez los cambios produzcan un verdadero cambio”, auguró.

Sin embargo, ha habido un rotundo rechazo por parte del presidente del Armenian National Committee of America (ANCA), Ken Hachikian. "Noventa y seis años después del genocidio perpetrado contra los armenios, griegos y sirios, este decreto es una cortina de humo para evitar consecuencias mucho más amplias de esos actos brutales”, declaró (Asbarez Armenian News, 28 de agosto). Según Hachikian, con el decreto volverá de hecho “menos del 1% de las iglesias y propiedades eclesiásticas confiscadas durante el genocidio armenio y en las décadas que lo siguieron”. Según expertos de la Iglesia armenia, de los más de 2.000 lugares de culto armenios antes de 1915, menos de 40 funcionan hoy como iglesias.

Por Paul De Maeyer, traducción del italiano por Inma Álvarez