Venezuela: ONG exhortaron al Consejo Electoral al recuento en pro de la paz

El Foro por la Vida denunció la suspensión de garantías de facto

Caracas, (Zenit.org) Redacción | 811 hits

Este 19 de abril el diario venezolano El Nacional publicaba un artículo en el que organizaciones no gubernamentales (ONG) del país exhortaban al Consejo Nacional Electoral (CNE) a acoger la solicitud de recuento de votos en pro de la paz. Por otra parte, el Foro por la Vida denunciaba la suspensión de garantías de facto y la prohibición del derecho a manifestarse pacíficamente, las amenazas a Venevisión y Televen por parte del presidente y la censura impuesta a diputados de oposición.

Las veinte organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que integran el Foro por la Vida –denunciaba el periodista Edgar López en el diario El Nacional- consideran que los anuncios y ejecutorias de las autoridades de los poderes públicos luego de las elecciones del 14 de abril son “una suspensión de garantías constitucionales de facto”.

Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), especificó lo que considera evidencias del desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela: la prohibición de la marcha hacia el CNE, convocada por la oposición para solicitar el recuento de votos ("Ni Chávez, en 2002, se atrevió a prohibir una marcha hacia el centro de Caracas", recordó Bolívar); la negativa del derecho de palabra a los diputados de la oposición que no reconozcan la autoridad de Nicolás Maduro como presidente de la República; la remoción de jefes de comisiones parlamentarias, unilateralmente decidida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; y la exhortación "a modo de amenaza y ultimátum" contra los canales Venevisión y Televen para que se definan a favor o en contra del Gobierno. 

"Todo eso nos coloca en una situación de suspensión de garantías de facto y, obviamente, es inaceptable en una sociedad democrática", señaló la defensora de derechos humanos, según reporta el citado diario.

Marino Alvarado, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), agregó: "No es suspendiendo garantías constitucionales como se debe abordar la crisis política que vive Venezuela". Exhortó al Ejecutivo y al resto de los poderes públicos a respetar el derecho constitucional a la protesta pacífica, lo cual incluye la prohibición de usar armas de fuego y bombas lacrimógenas en el control de manifestaciones públicas. 

Recordó que altos funcionarios, entre ellos el ministro de Comunicación Ernesto Villegas, habían denunciado el incendio de Centros de Diagnóstico Integral en varias regiones del país, hechos que no fueron ciertos. 

"Incluso en situaciones de alta conflictividad no se debe cercenar el derecho a la protesta pacífica ni tampoco se puede suspender, por la vía de los hechos, las garantías a su ejercicio. Recordamos que es una obligación del Estado garantizar que las manifestaciones pacíficas puedan realizarse. Además, condenamos la estrategia de criminalizar la protesta, que incluye hostigamientos, represión directa, detención de manifestantes y su pase a tribunales", añadió Alvarado.

El sacerdote Raúl Herrera, coordinador de la Cátedra para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), solicitó al Consejo Nacional Electoral acoger la solicitud para que se contaran todos los votos y se hiciera la verificación pertinente con las actas y cuadernos de votación, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y que considerara la oferta de acompañamiento técnico formulada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

"La situación planteada requiere una salida negociada que impone a los actores políticos y a las instituciones dar señales claras de querer resolverlas por mecanismos democráticos. Cuestionamos las actitudes de violencia e intolerancia evidenciadas por algunos sectores de ambos bandos", concluyó Raúl Herrera.