Videojuegos y violencia

Se dividen las opiniones para encontrar una solución

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ROMA, domingo 21 de noviembre de 2010 (ZENIT.org).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchaba hace poco argumentos para decidir si prohibir o no la venta o alquiler de videojuegos violentos a menores.

Según la información de la prensa, la reacción de los jueces fue contradictoria, con opiniones que no se adecuaban a la normal división que en la mayoría de las cuestiones legales suele haber entre ellos.

El caso tiene que ver con una ley de California de 2005 que prohíbe la venta a menores de videojuegos excesivamente violentos. Fue firmada, como algunos observaban irónicamente, por un antiguo actor, conocido por sus películas violentas, el gobernador Arnold Schwarzenegger. Tras ser invalidada en los tribunales inferiores, la batalla por la ley ha llegado ahora al Tribunal Supremo.

Las cuestiones en litigio van desde por qué los videojuegos deberían recibir un tratamiento especial, y no así la violencia en los comics y en la música rap, hasta si podrían incluso considerarse una forma de arte, informaba el 3 de noviembre el Wall Street Journal.

"En este país no tenemos la tradición de decirle a los niños que deben ver a gente golpeando a colegialas en la cabeza con una pala mientras suplican piedad, gente que no tiene piedad y que las decapitan, que dispara a la gente en las piernas", afirmaba el juez presidente John Roberts, según el reportaje del 2 de noviembre en Associated Press.

Por el contrario, el juez Antonin Scalia afirmaba: "Me preocupa la Primera Enmienda, que dice que el Congreso no debería hacer ley alguna que limitara la libertad de expresión". Y añadía: "Nunca se ha entendido que la libertad de expresión no incluya representaciones de la violencia".

Según el texto de Associated Press, los tribunales de otros seis estado han anulados prohibiciones similares.

Libertad de expresión

"Los videojuegos, incluso los violentos, permiten libertad de expresión a los jugadores, como los instrumentos permiten libertad de expresión a los músicos", escribía Daniel Greenberg, guionista y diseñador de videojuegos en un artículo de opinión en el Washington Post el 31 de octubre.

"Nadie en el gobierno está cualificado para decidir qué juegos no permiten la libertad de expresión, aunque la libertad de expresión sea de un chico de 15 años", sostenía. También argumentaba que las autoridades de California no habían logrado presentar evidencias claras de que los videojuegos causaran daños psicológicos a los menores.

Tras la presentación de argumentos al tribunal, un redactor de PC World, JR Raphael, también condenaba la ley en artículo sin fecha en su página web.

Dejando a un lado asuntos de principio, apuntaba los problemas prácticos de la legislación. El texto de la ley define un videojuego violento como aquel "en que el abanico de opciones disponibles a un jugador incluye asesinar, mutilar, desmembrar o abusar sexualmente de la imagen de un ser humano" de un modo "declaradamente ofensivo", apela a los "intereses desviados o morbosos" de una persona, y carece de "verdadero valor literario, artístico, político o científico".

"¿Quién va a declarar sobre qué videojuegos son ‘declaradamente ofensivos' y cuáles no?", cuestionaba. Citaba una pregunta del juez Antonin Scalia: "¿Qué es un videojuego violento ‘desviado', en oposición a un videojuego violento ‘normal'?"

Gregory K. Laughlin, director de la biblioteca de derecho de la Facultad Cumberland de Derecho de la Universidad Samford, Alabama, se mostraba a favor de la ley en un texto publicado el 2 de noviembre en la página web de la revista First Things.

Admitía que los investigadores se mostraban divididos sobre si hay un nexo entre los videojuegos y los comportamientos violentos. También reconocía que la cuestión es la libertad de expresión. No obstante, afirmaba, en el pasado el Tribunal Supremo ha sostenido que hubiera restricciones para los menores en el tema de la libertad de expresión.

Hace más de 40 años, señalaba Laughlin, el Tribunal Supremo mantuvo vigente una ley de Nueva York que restringía el acceso de los menores a las revistas pornográficas. En su sentencia el tribunal explicaba que el estado estaba justificado a la hora de actuar, no en base de una certeza científica sobre el daño causado, sino porque "los padres tienen un interés en el desarrollo ético y moral de sus hijos y tienen el derecho a contar con la ayuda del estado al educar a sus hijos para que sean adultos éticos y morales".

Laughlin hacía referencia a otras sentencias y concluía citando una opinión que se remontaba a más de 60 años, del juez Robert Jackson, quien decía: "Existe el peligro de que, si el Tribunal no modera su lógica doctrinaria con un poco de sabiduría práctica, convierta la Ley de Derechos constitucionales en un pacto suicida".

Investigación

A principios de este año tuvo lugar en Australia un debate similar, cuando el departamento del Fiscal General federal recibió propuestas sobre la posibilidad de introducir la categoría para mayores de 18 años en los videojuegos.

Todavía no se ha anunciado ninguna decisión, pero en mayo el gobierno publicaba un informe sobre el material recibido del público y de organizaciones. Hubo 34 comunicaciones de la comunidad, de la iglesia y de grupos de la industria. De estos, 18 apoyaban la introducción de la clasificación para mayores de 18 años, mientras que 16 se oponían a su introducción.

Los grupos de la industria del entretenimiento estaban a favor de una categoría para adultos, que les permitiría vender juegos que actualmente no están permitidos en Australia. En sus comunicaciones, sostenían que hay una falta de evidencia científica que concluya que los medios violentos causan o dan pie a comportamientos violentos. También mantenían que no hay pruebas de que la violencia de los videojuegos sea más dañina que la violencia de las películas o de otros medios.

Algunas organizaciones cristianas y familiares se oponían a crear la categoría de adultos en los videojuegos. En su comunicación, el Australian Christian Lobby afirmaba que ya se ha extendido en la comunidad la preocupación por la violencia en los medios y es mayor cuando se habla de videojeugos.

Mantener una prohibición a los videojuegos no adecuados para menores es, afirmaban, una postura "basada en el sentido común y en la investigación respaldada en la premisa de que la naturaleza interactiva de los juegos de ordenador causa que su contenido tenga un mayor impacto en los jugadores que los efectos de representaciones de cine parecidas de conductas violentas o sexuales en los espectadores de películas".

El Australian Council on Children and the Media observaba que con materiales calificados para mayores de 18 años, que son portátiles, como los DVD y los juegos, hay un riesgo mucho mayor de que no se proteja de su exposición a los niños. Esto contrasta con las películas de cine de las que es más fácil proteger a los niños.

Además, afirmaban que, aunque algunos padres pueden estar bastante bien informados sobre los riesgos y estar atentos para evitar la exposición en sus propios hogares, no todos lo están.

No es lo ideal

Sin embargo, la Iglesia católica adoptó una postura diferente en este tema. La Conferencia Episcopal Australiana emitió un comunicado estableciendo que su opción preferida sería que el material para mayores de 18 años no estuviera disponible en Australia.

Pero dado que está ya presente, a pesar de ser ilegal, sería preferible introducir la clasificación para mayores de 18 años para estos juegos de manera que se pueda restringir el acceso a este material por parte de los menores.

La comunicación dejaba claro que la Conferencia Episcopal Australiana no aprueba tales videojuegos. "En un mundo ideal, la clase de material que está incluido en películas y juegos de ordenador para mayores de 18 años nunca debería verse en una democracia civilizada", comentaban los obispos.

Como este no es un mundo ideal, necesitamos resolver de la mejor manera la situación. Prohibir no es una opción, pues de hecho la Conferencia Episcopal afirmaba que mucho de este material está disponible a través de internet o de copias.

Por el padre John Flynn, L. C., traducción de Justo Amado